La Comunidad de Madrid saca a subasta el inmueble y otros cuatro en Gran Vía para financiar la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio de 30.000 hectáreas
La Comunidad de Madrid ha puesto a la venta el ático de 6,7 millones de euros adquirido en el paseo General Martínez Campos de Chambera, cuya compra desató una polémica política y judicial por su presunto uso como «vivienda oficial» para la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, defendió este sábado que «se sabe absolutamente todo» sobre la operación, aunque no precisó plazos ni detalles concretos de las obras previstas en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.
De Paco explicó que el proyecto de reforma de la sede —Bien de Interés Cultural (BIC)— sigue un procedimiento administrativo estándar: se adjudicó un contrato menor por exclusividad artística, se elaborará un proyecto técnico y, posteriormente, se licitará su ejecución. La Comisión Local de Patrimonio Histórico (CLPH) ya examina los planos, pero el consejero no aclaró qué espacios se modificarán ni cuándo comenzarán las obras. La venta del ático, anunciada a través de Planifica Madrid, forma parte de un paquete de cinco inmuebles: cuatro en la Gran Vía, con un precio de salida de 11,8 millones de euros, destinados a financiar la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio de 2025, que arrasó 30.000 hectáreas y obligó a declarar la emergencia nacional.
Ayuso justificó la compra inicial como necesaria para las obras en la Real Casa de Correos, negando que buscara una residencia oficial. Sin embargo, partidos de la oposición, como Más Madrid y PSOE, llevaron el caso a los tribunales y exigieron su dimisión. La presidenta tachó las acusaciones de intento de hacer daño y argumentó que sería poco inteligente elegir un inmueble que no pudiera esconder. La polémica se agravó al conocerse que el ático se adquirió sin un plan definido para su uso, según documentos del Portal de la Contratación Pública.
El marco legal de la operación añade complejidad: al ser la Real Casa de Correos un BIC, cualquier reforma requiere autorización expresa de la CLPH, lo que ralentiza los plazos. Además, la venta de patrimonio público en Madrid está regulada por la Ley de Patrimonio de la Comunidad, que exige justificar el destino de los fondos obtenidos. En este caso, los ingresos se vinculan directamente a la emergencia por el incendio, un precedente que podría condicionar futuras enajenaciones de activos autonómicos.
La controversia refleja la tensión entre el Gobierno regional y la oposición por el manejo de recursos públicos. Mientras Ayuso insiste en que la operación fue transparente, sus críticos señalan la falta de claridad en los plazos y el coste de oportunidad: el ático, comprado en julio de 2026, se vende apenas un mes después sin haber sido utilizado. La venta, que se gestiona a través de una sociedad pública, también plantea dudas sobre la eficiencia en la gestión de activos inmobiliarios, un debate recurrente en las comunidades autónomas con amplios patrimonios.
Fuente: Electomanía
