La Junta y la patronal cordobesa analizan ayudas directas y formación para evitar el colapso del sector fabril en Peñarroya-Pueblonuevo
Agustín López, delegado de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, y Antonio Díaz, presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), han cerrado este miércoles un plan de urgencia para evitar el cierre de al menos 3.000 puestos de trabajo en el sector industrial cordobés.
La reunión, celebrada en Córdoba, se centró en dos ejes concretos: un paquete de ayudas directas para pymes con dificultades de liquidez —ya en tramitación por la Consejería— y un programa de reciclaje profesional para reconvertir a trabajadores de industrias en declive hacia sectores con demanda, como energías renovables o logística. Según fuentes de la Junta, el plan incluye una línea de créditos blandos de hasta 50 millones de euros, gestionados a través de la Cámara de Comercio de Andalucía.
El sector fabril cordobés, con un peso histórico en la economía provincial, acumula una caída del 12% en su tejido empresarial desde 2023, según datos de CECO. Peñarroya-Pueblonuevo, municipio clave por su concentración de industrias metalúrgicas y químicas, es uno de los focos críticos: allí, el 40% de las fábricas activas han reducido plantilla en los últimos 12 meses. La Junta ya había activado en julio un observatorio para el sector, pero este acuerdo marca el primer paso hacia medidas ejecutivas.
El Gobierno andaluz se juega aquí su credibilidad en una provincia donde el PP lidera las encuestas autonómicas. La oposición regional ya ha tachado el plan de «tardío», mientras que desde CECO insisten en que las ayudas deben llegar antes de que finalice el año. Díaz advirtió durante la reunión que, sin medidas inmediatas, «el colapso afectará a 15.000 hogares» en la provincia.
El acuerdo no incluye detalles sobre cómo se financiará el paquete de ayudas, aunque fuentes de la Consejería confirmaron que se exploran fondos europeos del Plan de Recuperación. La Junta también baraja ampliar el plazo de los ERTE industriales —actualmente en vigor hasta diciembre— para evitar despidos masivos en el último trimestre.
