La secretaria de Vivienda del PSOE regional critica la «deriva ideológica» de la coalición gobernante y reclama políticas «útiles» en lugar de «dañar la convivencia»
La secretaria de Vivienda del PSOE de Castilla y León, Ana Casado, ha acusado este lunes a PP y Vox de priorizar una «deriva ideológica» que, a su juicio, «dificulta el acceso a la vivienda» en la comunidad autónoma. En declaraciones recogidas por ABC, Casado reclamó «planificación» y políticas «útiles» a los socios de gobierno, en lugar de medidas que, según ella, «dañan la convivencia».
El conflicto se enmarca en la gestión de la coalición entre PP y Vox, que gobierna Castilla y León desde 2022 con el apoyo parlamentario de los ultraderechistas. La secretaria socialista no especificó qué iniciativas concretas de la Junta critican, pero aludió a la «prioridad nacional» que Vox ha defendido en su programa electoral, un concepto que el PSOE interpreta como un obstáculo para las políticas de vivienda social. Castilla y León es una de las comunidades con mayor porcentaje de población en riesgo de exclusión residencial, según datos del INE de 2025.
La declaración de Casado llega en un momento de tensión entre los partidos del gobierno autonómico. El PP, que ostenta la consejería de Fomento y Vivienda, ha impulsado en los últimos meses medidas como la bonificación del IBI para viviendas en alquiler social, pero Vox ha bloqueado otras propuestas, como la ampliación de ayudas a jóvenes para la compra de primera vivienda. El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Juan García-Gallardo, respondió en junio que «la vivienda no es un derecho, sino un bien que se adquiere con esfuerzo», una postura que el PSOE ha utilizado para movilizar a su electorado.
El debate refleja una pugna más amplia en las comunidades gobernadas por coaliciones de PP y Vox, donde las políticas de vivienda se han convertido en un campo de batalla ideológico. En Valencia, por ejemplo, el gobierno del PP ha tenido que moderar propuestas de Vox para evitar conflictos con la administración central, mientras que en Aragón, la formación ultraderechista logró incluir en el acuerdo de investidura la eliminación de las ayudas a la rehabilitación de viviendas para colectivos vulnerables.
En Castilla y León, el PSOE ha anunciado que presentará una proposición no de ley en el próximo pleno de las Cortes para exigir un plan autonómico de vivienda que incluya medidas contra la especulación. La iniciativa, que no tiene carácter vinculante, busca presionar al gobierno regional y marcar diferencias de cara a las elecciones autonómicas de 2027.
