Iñaki García, portavoz adjunto socialista, tacha de «falso» que la comunidad no tenga margen de acogida y reclama «solidaridad» con Ceuta
El portavoz adjunto del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Iñaki García, ha exigido este miércoles acoger a todos los menores extranjeros no acompañados (menas) que sea posible, tras las declaraciones de comunidades gobernadas por Vox que anunciaron recursos contra expedientes de inmigrantes que no concluyan con su retorno a Marruecos.
García ha rechazado el término «menas» por considerarlo deshumanizante y ha insistido en que se trata de «niños y niñas», cuyos derechos humanos deben priorizarse. «Se acabó el mantra de son menas, deshumanizando. No, son niños y niñas, y hay que velar por los derechos humanos», ha afirmado en rueda de prensa sobre política educativa. El portavoz socialista ha tachado de «falso» que Castilla y León no disponga de margen para acoger a más menores y ha reclamado «solidaridad» con Ceuta y el resto de comunidades autónomas.
La polémica surge después de que el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox), anunciara que las comunidades con su partido en el Gobierno recurrirán todos los expedientes de inmigrantes ilegales que no finalicen con su devolución a Marruecos. Este posicionamiento choca con la postura del PSOE, que defiende la acogida de los menores bajo el principio de protección de la infancia, regulado por la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor y por convenios internacionales ratificados por España, como la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU.
García ha criticado que el debate político a menudo «cierre los ojos» ante la situación de los menores, subrayando que su partido prioriza «las vidas humanas y el tratamiento de los seres humanos». La discrepancia refleja la división entre las comunidades autónomas en la gestión de la acogida de menas, un tema recurrente en la política migratoria española. Ceuta, como ciudad autónoma, depende de la colaboración de otras regiones para distribuir a los menores, lo que ha generado tensiones en el pasado, como en 2021, cuando varias comunidades se negaron a recibir más menores alegando saturación de sus sistemas de protección.
El Gobierno central, liderado por el PSOE, ha evitado hasta ahora intervenir directamente en la distribución de menas, dejando la coordinación en manos de las autonomías. Sin embargo, la creciente polarización entre gobiernos regionales —con Vox impulsando medidas restrictivas y el PSOE defendiendo la acogida— podría forzar una revisión del marco actual, especialmente si las comunidades gobernadas por la formación de extrema derecha mantienen su estrategia de recursos sistemáticos.
Fuente: El Debate
