Los gobiernos de Castilla y León, Aragón y Extremadura se ausentarán de la Comisión Sectorial convocada para este jueves
Vox ha cumplido su amenaza y retirará a sus consejeros de la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Juventud convocada para este jueves 28 de agosto, donde la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, abordará el reparto de los cerca de 200 menores inmigrantes no acompañados (menas) llegados a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. La formación ultraderechista ha confirmado que los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Aragón y Extremadura —donde gobierna en coalición con el PP— no asistirán al encuentro y anunciará acciones legales para impugnar todos los expedientes de acogida.
La decisión se enmarca en la estrategia de Vox de judicializar la gestión migratoria, presentándola como una «invasión» consentida por el Gobierno de Pedro Sánchez. En un comunicado, el partido acusa a Rego de «premiar económicamente la invasión perpetrada desde Marruecos», una narrativa que vincula directamente al presidente del Ejecutivo. La Comisión Sectorial, órgano de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, tiene competencias para distribuir a los menores bajo el principio de solidaridad interterritorial, pero su funcionamiento depende del consenso entre las partes.
El conflicto agrava la tensión entre el Gobierno central y las autonomías gobernadas por la derecha, donde Vox ejerce presión para endurecer las políticas migratorias. Castilla y León, Aragón y Extremadura ya han rechazado en el pasado acoger menas, alegando saturación de sus sistemas de protección. La ausencia de estos territorios en la reunión del jueves bloquea cualquier acuerdo sobre el reparto, ya que la ley exige la participación de al menos dos tercios de las comunidades para adoptar decisiones vinculantes.
La impugnación judicial anunciada por Vox se centrará en los expedientes de acogida, un proceso que podría alargarse meses y paralizar la distribución de los menores. Mientras, los cerca de 200 niños y adolescentes permanecen en centros de Ceuta, donde las ONG han alertado de condiciones de hacinamiento. El Gobierno ha evitado hasta ahora recurrir a la vía coercitiva para obligar a las autonomías a cumplir con sus cuotas, optando por la negociación, pero la escalada de Vox reduce el margen de maniobra.
El precedente más cercano es el pulso de 2021, cuando Madrid y Murcia se negaron a acoger a 50 menores llegados a Canarias, forzando al Ejecutivo a recurrir a comunidades gobernadas por el PSOE. La diferencia ahora es que Vox no solo rechaza la acogida, sino que busca invalidar el sistema de reparto en los tribunales, una estrategia que, de prosperar, dejaría sin efecto las competencias estatales en la materia.
Fuente: El Confidencial
