La ministra Elma Saiz acusa al PP de usar la crisis migratoria para «hacerse fotos con agitadores» mientras el PSOE local se fractura entre su grupo parlamentario y la ejecutiva
La ministra de Migraciones, Elma Saiz, anunció este lunes la creación de 1.500 nuevas plazas de acogida humanitaria en Ceuta, ampliables según las necesidades, como respuesta a la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma. El anuncio llega un día después de que el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (PP), amenazara con acudir a los tribunales si el Gobierno de Pedro Sánchez no devolvía la ciudad a la «normalidad». Saiz, que permanece en Ceuta tras reunirse con Vivas, defendió en Cadena SER la actuación del Ejecutivo y criticó la «falta de colaboración» del PP, al que acusó de desplazarse a la ciudad para «hacerse fotos con agitadores» en un giro que vinculó a sus alianzas con Vox.
La tensión entre administraciones se agudiza en un contexto donde la crisis sanitaria se concentra en las calles, no en los hospitales. Según fuentes locales, muchos migrantes están viendo empeorar su estado de salud por las condiciones precarias en las que se encuentran. Mientras, el PSOE de Ceuta vive una fractura interna: el grupo parlamentario y la vieja guardia de la ejecutiva local mantienen discrepancias sobre la gestión de la crisis, lo que debilita la posición del partido en la ciudad.
El conflicto político se enmarca en un escenario legal complejo. Ceuta, como ciudad autónoma, tiene competencias en materia de servicios sociales y ordenación del territorio, pero la gestión de fronteras y la política migratoria son responsabilidad exclusiva del Gobierno central. La Ley Orgánica 1/1995, que regula el régimen especial de Ceuta y Melilla, establece que el Estado debe garantizar la seguridad y el control de los flujos migratorios, mientras que las administraciones locales colaboran en la acogida y asistencia humanitaria.
La decisión de ampliar las plazas de acogida responde a un precedente reciente: en 2021, durante otra crisis migratoria en Ceuta, el Gobierno activó un dispositivo similar con 2.000 plazas temporales. Sin embargo, la falta de coordinación entre administraciones retrasó entonces la implementación, un problema que Saiz ha señalado como clave en la situación actual. El PP, por su parte, ha intensificado su presencia en la ciudad, con visitas de dirigentes nacionales como el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, quien acusó al Gobierno de «abandonar» a Ceuta.
La crisis también ha reavivado el debate sobre la externalización de fronteras. Mientras el Gobierno negocia con Marruecos para frenar los flujos migratorios, organizaciones como CEAR y Amnistía Internacional han denunciado que las devoluciones en caliente y las condiciones de acogida incumplen los estándares internacionales. En este contexto, la amenaza judicial de Vivas —que no ha concretado qué acciones legales emprendería— añade presión al Ejecutivo, que debe equilibrar la respuesta humanitaria con el control migratorio.
