El proyecto de ley, respaldado por 183 votos, prohíbe entrevistas y envío de material a medios extranjeros sin autorización previa del Ministerio de Inteligencia
El Parlamento iraní aprobó el domingo un proyecto de ley que castiga con hasta dos años de prisión las entrevistas, conversaciones o cualquier contacto con medios considerados «hostiles», entre ellos los financiados por Estados Unidos o Israel. La iniciativa, titulada «Combatir la infiltración de los servicios de inteligencia y de Gobiernos o instituciones extranjeras en el país», recibió 183 votos a favor, según la agencia oficial IRNA.
El texto, pendiente de revisión por el Consejo de Guardianes, establece penas de seis meses a dos años de cárcel para quienes concedan entrevistas o compartan vídeos, fotografías o audios con medios no iraníes o periodistas en el extranjero. La prohibición incluye también la colaboración científica con universidades extranjeras no aprobadas por el Ministerio de Inteligencia, castigada con la misma pena. Además, el proyecto otorga a este ministerio y a la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria la potestad de investigar y remitir pruebas a la Justicia.
La norma amplía las restricciones culturales: prohíbe de por vida producir películas, libros o música que las autoridades consideren contrarios al islam o que «presenten una imagen negativa de Irán». También penaliza con cinco a diez años de prisión la organización de talleres o cursos presenciales o virtuales que se juzguen incompatibles con la cultura iraní, mientras que los participantes podrían enfrentar entre seis meses y dos años de cárcel.
Este endurecimiento legislativo se enmarca en un contexto de mayor represión desde septiembre de 2025, cuando el régimen introdujo la pena de muerte para actos de espionaje a favor de EE.UU. o Israel y penas de prisión por usar servicios como Starlink o colaborar con medios extranjeros. La guerra de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025 aceleró estas medidas, que ahora se extienden a la censura previa de cualquier contacto con medios no alineados con el régimen.
El proyecto exige que los ciudadanos informen al Ministerio de Inteligencia antes de interactuar con medios extranjeros no considerados hostiles, un requisito que, según analistas, busca disuadir cualquier diálogo con la prensa internacional. Organizaciones de derechos humanos ya han alertado de que la ley podría usarse para silenciar a disidentes, periodistas independientes y académicos críticos con el Gobierno.
