La ministra de Inclusión evitó contacto con vecinos tras la entrada masiva de 72.000 migrantes en 48 horas, mientras la ciudad exige refuerzos policiales
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, accedió este 17 de agosto a la Delegación del Gobierno en Ceuta escoltada por un dispositivo policial reforzado, sin interactuar con los vecinos que la recibieron con gritos, abucheos y acusaciones de «abandono». La escena, repetida en visitas recientes de otros miembros del Ejecutivo, refleja el malestar ciudadano tras la entrada masiva de migrantes registrada los días 30 y 31 de julio.
El Gobierno central cifra en 72.000 las personas que cruzaron irregularmente la frontera en ese plazo, aunque asegura que la mayoría regresó en las horas siguientes. Para los ceutíes, sin embargo, la magnitud de la crisis no se reduce a cifras: denuncian una sensación de caos no resuelta y exigen medidas concretas, como refuerzos policiales y un plan de emergencia humanitaria. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, mantuvo reuniones urgentes con Saiz, pero la calle reclama presencia institucional real, no solo encuentros protocolarios.
El patrón de rechazo a las visitas oficiales se ha consolidado en las últimas semanas. La ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también fueron recibidos con protestas y despliegues policiales similares. En los tres casos, los vecinos criticaron que las autoridades «llegan tarde, llegan blindadas y llegan sin escuchar», según declaraciones recogidas por testigos. La tensión se agrava en un contexto donde la población local percibe que las soluciones propuestas —como la repatriación acelerada— no abordan la raíz del problema: la saturación de servicios públicos y la falta de coordinación con Marruecos.
Ceuta, con una población de 83.000 habitantes, enfrenta un desafío logístico sin precedentes. La entrada de migrantes en julio superó en un 300% la media mensual de cruces irregulares en 2025, según datos del Ministerio del Interior. Mientras, el Gobierno central insiste en que la situación está «bajo control», aunque reconoce la necesidad de «ajustar protocolos». La Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, por su parte, ha activado un plan de contingencia que incluye la contratación de mediadores culturales y la ampliación de centros de acogida temporales, aunque estas medidas no han logrado calmar el descontento.
El malestar trasciende lo coyuntural. Vecinos y colectivos locales exigen una revisión del acuerdo bilateral con Marruecos, vigente desde 2019, que regula los flujos migratorios en la frontera. Critican que el texto no incluye cláusulas de emergencia para crisis como la vivida en julio, lo que deja a Ceuta en una posición de vulnerabilidad. Mientras, partidos como Vox y el PP han intensificado su discurso en la ciudad, vinculando la gestión del Gobierno con un «fracaso en la protección de las fronteras».
Fuente: La Razón
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