El presidente ceutí acusa a Moncloa de «maquillar la realidad» y exige medidas concretas para blindar la frontera y reactivar la economía local
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha exigido este lunes al Gobierno central que concrete en un plazo de 30 días medidas para resolver la crisis migratoria en la ciudad autónoma, advirtiendo de que, de no hacerlo, recurrirá a instituciones como las Cortes Generales, el Poder Judicial o la Unión Europea. Vivas acusó al Ejecutivo de «pasividad» y «falta de voluntad», denunciando que la Moncloa intentó «maquillar la realidad» al afirmar que Ceuta había recuperado la normalidad a principios de agosto, mientras aún no se ha identificado a todas las personas que entraron en la ciudad.
En un Consejo de Gobierno extraordinario, Vivas reclamó al Gobierno que garantice la seguridad y el «blindaje» de la frontera, además de reactivar la economía local y el «ánimo de los ceutíes». El presidente autonómico insinuó que la falta de respuesta podría deberse a un intento de «no molestar al vecino» marroquí, sugiriendo que Rabat busca «golpear sucesivamente a Ceuta hasta la caída definitiva». «Ojalá no sea esta la razón. Lo digo de corazón», afirmó. Vivas aclaró que, aunque el Gobierno es «una parte muy importante del Estado», no es «todo el Estado», y anunció que explorará vías legales y políticas si no hay cambios en un mes.
La ministra de Sanidad, Mónica García, respondió a las críticas ceutíes asegurando que el Gobierno ha estado presente «desde el minuto uno» en la crisis, recordando que siete ministros —incluido el presidente Pedro Sánchez— han visitado la ciudad. García lamentó que el Gobierno de Ceuta no haya habilitado aún espacios seguros para albergar a los inmigrantes, como se hizo en 2021, lo que dificulta el control sanitario. «Nos estamos jugando la prevención de la salud pública y la transmisión de enfermedades», advirtió, instando a Vivas a facilitar instalaciones salubres para evitar brotes.
La tensión refleja un conflicto recurrente entre administraciones por la gestión de crisis migratorias en ciudades autónomas. Ceuta, con una frontera terrestre de 8 kilómetros con Marruecos, ha sido escenario de entradas masivas en el pasado, como la de mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas cruzaron en 48 horas. El marco legal atribuye al Gobierno central la competencia en seguridad fronteriza y migración, mientras que las comunidades autónomas gestionan servicios sociales y sanitarios, lo que genera fricciones cuando las capacidades locales se ven desbordadas.
El plazo de 30 días fijado por Vivas marca un ultimátum político con implicaciones institucionales. Si el Gobierno no responde, Ceuta podría activar recursos legales o parlamentarios, como ya hizo en 2021, cuando recurrió al Tribunal Constitucional por la gestión de la crisis. Además, la mención a la UE sugiere una estrategia para internacionalizar el conflicto, presionando a España por incumplir normativas comunitarias sobre control fronterizo y derechos humanos.
