Moncloa eleva el tono tras el cruce masivo de julio, pero choca con la ley de asilo y la dependencia de Marruecos para las devoluciones
El Gobierno activó esta semana un plan de cinco puntos para frenar nuevos cruces masivos en Ceuta, centrado en endurecer el discurso migratorio y acelerar las devoluciones a Marruecos, aunque sin alterar la relación diplomática con Rabat. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, afirmó que Rabat quiere que se expulsen a todos los que entraron irregularmente, lo que contradice la legislación española sobre derechos de asilo y menores.
La estrategia incluye mensajes en redes sociales para contrarrestar bulos sobre regularizaciones o devoluciones en caliente, con la Guardia Civil advirtiendo en tres idiomas que la entrada irregular no conlleva derecho a permanecer en España. Sin embargo, la admisión a trámite de una solicitud de asilo —derecho de los migrantes subsaharianos, mayoritarios en Ceuta— conlleva automáticamente su permanencia provisional en el país, según la normativa vigente. Este choque entre el discurso oficial y la ley ha generado tensiones internas en ministerios como Interior y Migraciones.
Marruecos, clave para las devoluciones, permitió el regreso de 345 personas en un solo día esta semana, superando la media diaria de 200. El Gobierno evita criticar al reino alauí, pese a su permisividad en el salto masivo de julio —con más de 70.000 entradas—, para no cerrar la vía de las repatriaciones. La prioridad es evitar un «efecto llamada», por lo que se ha aparcado temporalmente el debate sobre el reparto de menores entre comunidades autónomas, una medida que ya se aplicó en Canarias para aliviar la presión en los centros de acogida.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha propuesto medidas como la construcción de un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) temporal o la suspensión del derecho al asilo, ideas que el Gobierno ha ignorado para no incumplir tratados internacionales. Mientras, la embajada española en Marruecos difunde en X mensajes como «toda información en sentido contrario [a las expulsiones] es FALSA», en un intento de controlar la narrativa tras admitir que no se actuó a tiempo contra bulos antes del salto masivo.
El plan del Ejecutivo, aunque presentado como una respuesta contundente, depende de la cooperación marroquí y de la capacidad de los agentes para gestionar las devoluciones sin vulnerar derechos. La cifra de 200 repatriados diarios —que se disparó a 345 el miércoles— refleja el ritmo actual, pero no garantiza la salida de todos los migrantes que permanecen en la ciudad autónoma, uno de los objetivos aún pendientes.
