El intento de suplantación afectó a ayuntamientos de la zona quemada en Burgohondo y buscaba información privada de vecinos
La Junta de Castilla y León presentó este viernes, 14 de agosto, una denuncia ante la Guardia Civil por un intento de fraude dirigido a obtener datos personales de habitantes de municipios abulenses afectados por los incendios forestales de este verano. El suceso se detectó durante una reunión del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila con los ayuntamientos de la zona quemada en Burgohondo, convocada para evaluar daños y coordinar la recuperación.
El fraude consistió en una suplantación de identidad cuyo objetivo era recabar información privada de los vecinos, según fuentes de la administración autonómica. Aunque el texto fuente no especifica el método empleado —como correos electrónicos falsos o llamadas fraudulentas—, el contexto apunta a un posible ataque cibernético aprovechando la emergencia postincendio, un patrón documentado en crisis similares donde la urgencia y la desorganización inicial facilitan este tipo de delitos.
Los municipios afectados, entre los que figura Burgohondo, forman parte de una comarca con menos de 5.000 habitantes en total, según el INE. La Junta no ha confirmado si el fraude logró acceder a datos reales, pero la denuncia activa una investigación de la Guardia Civil que podría derivar en la apertura de diligencias por delitos contra la intimidad o estafas informáticas. Este tipo de incidentes suelen resolverse en meses, aunque la complejidad técnica puede alargar los plazos.
El marco legal aplicable incluye la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales, que obliga a las administraciones a notificar brechas de seguridad en un plazo máximo de 72 horas. La Junta, gobernada por el PP en coalición con Vox, no ha emitido comunicados adicionales sobre medidas preventivas para los vecinos, pero sí ha recordado a los ayuntamientos la necesidad de verificar la autenticidad de cualquier solicitud de información que reciban.
El caso se enmarca en un verano marcado por incendios forestales en Castilla y León, donde solo en julio se registraron 1.200 siniestros, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica. La región, con extensas zonas rurales y una población envejecida, es especialmente vulnerable a fraudes que explotan situaciones de crisis, como demostró el aumento de estafas durante la pandemia de COVID-19, cuando se multiplicaron los intentos de phishing contra mayores.
Fuente: ABC
