Las fuerzas de seguridad interceptaron a 109 subsaharianos y dos marroquíes en Fnideq, mientras se intensifican los controles para frenar redes de tráfico
Las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes detuvieron a 111 personas durante la madrugada del sábado en Fnideq (Castillejos) al frustrar varios intentos de inmigración irregular hacia Ceuta, según fuentes oficiales. De los detenidos, 109 procedían de países del África subsahariana y dos eran ciudadanos marroquíes.
El operativo, que incluyó un despliegue reforzado en la frontera, logró evitar una infiltración masiva tanto en Ceuta como en Melilla. Las autoridades confirmaron que la situación en ambas ciudades autónomas «es normal y está bajo control», aunque mantienen operaciones de vigilancia en línea para identificar a presuntos organizadores de redes de tráfico de personas.
Este episodio se enmarca en un contexto de presión migratoria recurrente en las fronteras españolas con Marruecos, donde las llegadas irregulares han aumentado un 30% en el primer semestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio del Interior. Las rutas desde el África subsahariana, especialmente a través de Marruecos, concentran el 70% de los intentos de entrada, mientras que las llegadas por vía marítima desde Argelia han descendido.
La colaboración entre España y Marruecos en materia de seguridad fronteriza se ha intensificado desde 2022, tras el acuerdo bilateral que incluyó fondos europeos para equipamiento y formación de las fuerzas marroquíes. Sin embargo, organizaciones como CEAR y Amnistía Internacional han denunciado en repetidas ocasiones que los controles en la zona pueden derivar en devoluciones en caliente, una práctica prohibida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Gobierno español ha reiterado que las operaciones se ajustan al marco legal internacional, aunque fuentes del Ministerio de Interior reconocieron en junio que la presión migratoria exige una respuesta coordinada a nivel europeo. Mientras, el PP y Vox han exigido en el Congreso medidas más duras, como la construcción de vallas adicionales o la externalización de controles a terceros países.
