El Gobierno elige el Congreso para dar explicaciones, evitando el Senado donde la oposición marca la agenda, y convierte la rendición de cuentas en una decisión de conveniencia política
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aplazará su comparecencia sobre la crisis migratoria en Ceuta hasta que pueda elegir el escenario, el momento y el formato que le resulten más favorables, según fuentes gubernamentales citadas por La Razón. La estrategia, consolidada durante esta legislatura, prioriza el control del relato sobre la obligación institucional de responder a preguntas no pactadas de antemano.
El Ejecutivo prefiere el Congreso de los Diputados, donde su mayoría parlamentaria le permite dominar la agenda, frente al Senado, donde la oposición marca el ritmo de las sesiones. Esta preferencia no se limita a Ceuta: el Gobierno ha reducido sus apariciones en instituciones que fiscalizan su gestión, como comisiones de investigación o ruedas de prensa sin preguntas filtradas, a cambio de formatos controlados, como declaraciones institucionales o entrevistas en medios afines. La diferencia entre «hablar» —emitir un mensaje preparado— y «responder» —someterse a preguntas no pactadas— se ha convertido en un eje central de su comunicación.
La demora en comparecer no es casual. El Gobierno calcula que el paso del tiempo debilita la presión política: una pregunta pierde fuerza cuando otras noticias ocupan las portadas o cuando la respuesta llega convertida en formalidad. Este método ya se aplicó en crisis anteriores, como la gestión de los fondos europeos o el conflicto con Marruecos por el Sáhara, donde las explicaciones se pospusieron hasta que el debate público se desplazó a otros temas. En el caso de Ceuta, la comparecencia se producirá «cuando las condiciones sean las adecuadas», según las mismas fuentes, lo que consolida un patrón: la rendición de cuentas deja de ser una obligación institucional para convertirse en una decisión táctica.
Este enfoque erosiona el papel fiscalizador de las instituciones. El reglamento del Congreso y del Senado establece que el Gobierno debe comparecer cuando se le requiera, pero en la práctica, su cumplimiento depende de la conveniencia del Ejecutivo. La oposición, liderada por el PP y Vox, ha denunciado en múltiples ocasiones que Sánchez «gobierna sin someterse al escrutinio real», una crítica que también han compartido partidos como ERC o Junts, aunque con matices distintos. Para estos últimos, el problema no es solo la demora, sino la selección del escenario: el Congreso, donde el Gobierno tiene mayor control, frente al Senado, donde la aritmética es menos favorable.
El precedente más cercano es la gestión de la pandemia, donde el Gobierno evitó comparecencias en comisiones de investigación hasta que la presión mediática lo hizo inevitable. En aquel caso, la demora se justificó con el argumento de «no entorpecer la gestión de la crisis», pero el resultado fue similar: las explicaciones llegaron cuando el debate público ya había virado hacia otros temas. En Ceuta, la dinámica se repite: la comparecencia se producirá, pero su impacto político será menor que si se hubiera celebrado en los días inmediatamente posteriores a los hechos, cuando la presión era máxima.
La consolidación de este método tiene consecuencias más allá de Ceuta. Instituciones como el Tribunal de Cuentas o la Fiscalía General del Estado han visto cómo sus requerimientos son respondidos con retrasos calculados, y en algunos casos, ignorados sin consecuencias. El riesgo, según analistas consultados, es que la excepción —posponer una comparecencia— se convierta en norma, vaciando de contenido el principio de responsabilidad política. Mientras, el Gobierno mantiene que cumple con sus obligaciones, aunque sea en sus propios términos.
