El presidente ceutí reclama suspender el derecho de asilo y culpa al Ejecutivo de no prever la crisis, mientras el PP respalda su petición con el precedente griego
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha denunciado el «abandono» del Gobierno central durante la crisis migratoria y ha exigido mecanismos «inmediatos» para acelerar las expulsiones de los inmigrantes que se agolpan en la ciudad autónoma. En declaraciones a los medios, Vivas ha expresado su «incomprensión e impotencia» por la falta de respuesta del Ejecutivo, al que ha reprochado no estar «a la altura» de lo ocurrido. «El estrés es insoportable», ha añadido, pidiendo el fin de la situación «de manera inmediata».
Vivas ha contado con el respaldo del Partido Popular, cuyo vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, ha avalado su petición de suspender el derecho de asilo. De los Santos ha justificado la medida alegando que el plan europeo de inmigración «deja claro» qué países son seguros y ha señalado que Grecia ya aplicó una suspensión temporal similar ante amenazas a su seguridad. El PP ha cargado contra el Gobierno por no «fortalecer las fronteras» y ha advertido de que las comunidades autónomas no pueden asumir las consecuencias de una crisis que, a su juicio, es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo.
La tensión en Ceuta se produce tras dos semanas de presión migratoria, sin que ningún ministro del Gobierno haya visitado la ciudad hasta hoy, cuando el presidente del Senado, Pedro Rollán, se desplazó para mostrar apoyo institucional. Vivas ha subrayado que la experiencia debe servir para sacar lecciones y evitar que se repita. La ciudad autónoma, que carece de competencias en materia de extranjería, depende del Ministerio del Interior para ejecutar devoluciones.
La suspensión del derecho de asilo, aunque respaldada por el PP, choca con el marco legal español y europeo. El artículo 15 de la Directiva 2011/95/UE permite excepciones «en caso de afluencia masiva»,, pero exige garantías para los solicitantes y no contempla la suspensión automática. Grecia, citada por De los Santos, activó esta cláusula en 2020 durante un mes, pero bajo supervisión de la Comisión Europea y con condiciones estrictas. En España, la Ley de Asilo de 2009 no prevé un mecanismo similar, lo que obligaría al Gobierno a modificar la normativa o recurrir a un decreto-ley.
El conflicto político se agrava mientras Ceuta gestiona la acogida de menores no acompañados, cuya tutela corresponde a la ciudad autónoma pero cuya financiación depende de fondos estatales. Vivas ha recordado que las comunidades no tienen «capacidad» para asumir este coste, aunque no ha precisado cifras. El Gobierno, por su parte, no ha respondido aún a las acusaciones de «abandono», pero fuentes del Ministerio del Interior han asegurado que se están «reforzando los dispositivos» en la frontera.
