Vox reclama activar el artículo 102 de la Constitución para juzgar al presidente por «terror sexual» y «destrucción del Estado de derecho»
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convertir España en el tercer mundo y de pretender coronarse tirano tras la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta en julio. En una serie de mensajes en redes sociales, Abascal ha descrito a los recién llegados como un «ejército invasor» responsable de «terror sexual», «saqueo de viviendas» y «ocupación del espacio público» en la ciudad autónoma.
El líder de Vox ha anunciado que impulsará la activación del artículo 102 de la Constitución, que regula la acusación por traición o delitos contra la seguridad del Estado contra altos cargos. Para ello, necesita el apoyo del PP, ya que se requieren 88 diputados para abrir el debate en el Congreso y mayoría absoluta (176 escaños) para aprobar la acusación. Actualmente, Vox cuenta con 52 diputados y el PP con 137, por lo que la suma no alcanzaría la mayoría necesaria.
Abascal ha asegurado que existen indicios y evidencias más que suficientes para investigar a Sánchez, incluyendo el conocimiento previo que, según Vox, tenía el Gobierno sobre la llegada de inmigrantes. La acusación se centra en los «gravísimos hechos» de la crisis migratoria de Ceuta, que el partido califica de «invasión» y «abandono» de la ciudad, con referencias a «enfermedades, peleas, desabastecimiento y caos».
El artículo 102 de la Constitución española solo se ha activado una vez en la historia democrática: en 1982, contra el entonces presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, por el intento de golpe de Estado del 23-F. La iniciativa no prosperó al no alcanzar los apoyos necesarios en el Congreso. En este caso, Vox también necesitaría el respaldo de otros grupos parlamentarios para que la acusación prospere, algo improbable dado el actual reparto de fuerzas.
La crisis migratoria de Ceuta en julio de 2026 se produjo tras la llegada de miles de personas en apenas 48 horas, lo que colapsó los servicios de acogida y generó tensiones sociales. El Gobierno respondió con el despliegue de la Guardia Civil y la repatriación de parte de los inmigrantes, aunque la situación sigue siendo un tema recurrente en el debate político.
Fuente: The Objective
