La Junta prorroga la situación de riesgo meteorológico en toda la comunidad ante la persistencia de condiciones adversas
La Junta de Castilla y León ha extendido la alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales en toda la comunidad autónoma hasta el 14 de agosto, un día más de lo inicialmente previsto. La medida, activada originalmente para los días 11, 12 y 13, responde a la continuidad de condiciones desfavorables que mantienen elevado el peligro de ignición y propagación de fuegos.
La decisión se enmarca en el protocolo de prevención establecido por la Consejería de Medio Ambiente, que activa este tipo de alertas cuando la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pronostica factores de riesgo combinados, como altas temperaturas, baja humedad relativa y vientos fuertes. En este caso, la prórroga no modifica las restricciones ya vigentes, que incluyen limitaciones al uso de maquinaria agrícola y prohibiciones de actividades con fuego en espacios naturales.
Castilla y León es una de las comunidades con mayor superficie forestal de España, con más de 4,8 millones de hectáreas de bosques y matorrales, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica. La región registró en 2025 un total de 312 incendios forestales, que afectaron a 12.456 hectáreas, una cifra inferior a la media de la última década pero con episodios de alta intensidad en zonas como León y Burgos.
La prórroga de la alerta afecta directamente a los dispositivos de prevención y extinción, que mantendrán su operatividad reforzada durante las 24 horas. La Junta ha recordado que, en caso de avistamiento de humo, los ciudadanos deben alertar al 112, número de emergencias habilitado para coordinar la respuesta de bomberos, agentes forestales y unidades de la UME (Unidad Militar de Emergencias) si fuera necesario.
El marco legal que regula estas alertas es el Decreto 110/2018, de 20 de diciembre, que establece los niveles de riesgo y las medidas asociadas. La prórroga anunciada corresponde al nivel 2 (riesgo alto), que implica la activación de planes de vigilancia terrestre y aérea, así como la restricción de acceso a áreas forestales en determinados horarios.
