Los casos, vinculados a la entrada masiva del 30 de julio, incluyen agresiones a menores y allanamiento de morada con detenciones en plazas judiciales distintas
Los juzgados de Ceuta han resuelto en los últimos días tres casos de agresiones sexuales presuntamente cometidas por inmigrantes marroquíes que llegaron a la ciudad durante la entrada masiva del pasado 30 de julio, con dos ingresos en prisión provisional y una expulsión del país.
La plaza judicial número 4 de la Sección de Instrucción decretó el ingreso en prisión sin fianza para un hombre acusado de agresión sexual con penetración a una menor y obligarla a vender drogas, mientras que otro detenido por tocamientos a una mujer mayor de edad fue expulsado. Un tercer caso, resuelto hoy por la plaza número 5, ordenó prisión provisional para un hombre por tocamientos a otra menor. Además, un cuarto detenido fue expulsado tras allanamiento de morada al introducirse en la cama de una vecina ceutí mientras dormía.
Todos los delitos sexuales se cometieron contra mujeres inmigrantes que también entraron en Ceuta el 30 de julio, según las declaraciones reconstituidas recogidas por los juzgados. La distribución de los casos entre plazas judiciales distintas se debió a que los hechos ocurrieron en fechas diferentes, lo que obligó a derivarlos a los juzgados de guardia correspondientes.
Además de estos episodios, la plaza número 5 decretó hoy prisión provisional para cinco detenidos por atentado a agentes de la autoridad, otro por lesiones agravadas y un tercero por venta de drogas. Los juzgados ceutíes han priorizado la tramitación rápida de estos procedimientos, con declaraciones de víctimas y testigos ya formalizadas.
La entrada masiva del 30 de julio, en la que miles de personas cruzaron la frontera, ha generado una carga adicional para el sistema judicial de la ciudad autónoma, que ha tenido que gestionar estos casos en plazos reducidos. Las medidas adoptadas —prisión provisional o expulsión— reflejan la gravedad de los delitos imputados, especialmente en los casos que involucran a menores.
Según fuentes judiciales, los procedimientos se están llevando a cabo de acuerdo con la Ley de Extranjería y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establecen los procedimientos para la tramitación de casos de inmigración y delitos cometidos por extranjeros en territorio español.
En este sentido, la plaza judicial número 4 ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 417 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite la expulsión de un extranjero que haya cometido un delito en territorio español.
