El secretario general de Vox en el Congreso calificó la llegada de migrantes a Ceuta como una «invasión» y llamó a «cazar» a las personas migrantes
El Ministerio de Igualdad ha remitido un oficio a la Fiscalía para que investigue las declaraciones del secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, sobre los migrantes llegados a Ceuta. Figaredo ha hecho varios llamamientos a cazar a las personas migrantes y ha calificado su llegada como una invasión.
El Ministerio considera que estas declaraciones podrían ser constitutivas de un delito de odio, previsto en el artículo 510 del Código Penal, y ha solicitado a la Fiscalía que estudie el caso. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha rechazado las declaraciones de Figaredo, asegurando que se trata de un discurso peligroso que incita al odio y que viene a completar el ataque de Vox a cualquier colectivo vulnerable.
La directora para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, Beatriz Carrillo, ha asegurado que la libertad de expresión no puede convertirse en una coartada para normalizar el racismo o discursos que pueden incitar al odio o a la violencia. La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación también ha sido informada del caso y podrá actuar en el ámbito de sus competencias.
Las declaraciones de Figaredo han generado una gran polémica y han sido criticadas por varios sectores. La utilización de términos como invasión y caza para referirse a las personas migrantes ha sido calificada de deshumanizante y de incitación a la violencia. El caso ha puesto de relieve la necesidad de proteger a las personas migrantes y de combatir el discurso de odio y la discriminación en la sociedad española.
La investigación de la Fiscalía puede tener importantes consecuencias para Figaredo y para el partido Vox. Si se demuestra que las declaraciones de Figaredo incitan al odio y a la violencia, podría enfrentar sanciones legales y dañar la imagen del partido. Por otro lado, la decisión de la Fiscalía de investigar el caso puede ser vista como un paso hacia la protección de los derechos de las personas migrantes y hacia la lucha contra el discurso de odio en la sociedad española.
