Marcos de Quinto compara la democracia con una comunidad de vecinos y excluye a quienes reciben ayudas públicas, sin mencionar a empresarios con subvenciones
El exdiputado de Ciudadanos y empresario Marcos de Quinto ha defendido en un tuit publicado este viernes la retirada del derecho a voto a quienes «coyunturalmente estén recibiendo un subsidio por desempleo o una renta mínima vital», al considerar que están «mantenidos por el resto de contribuyentes».
De Quinto, que ocupó un escaño en el Congreso entre 2019 y 2023, justificó su propuesta comparando la democracia con una «comunidad de vecinos», donde, según él, no vota quien no paga las cuotas. La publicación, que ha generado un aluvión de reacciones en redes sociales, omite en su argumentación a otros colectivos que reciben fondos públicos, como empresarios con subvenciones o contribuyentes con deudas con Hacienda.
La propuesta revive el debate sobre el sufragio censitario, un sistema electoral del siglo XVIII que restringía el voto a quienes cumplían ciertos requisitos económicos. En España, el artículo 23 de la Constitución garantiza el derecho de participación política «en condiciones de igualdad», sin distinciones por situación económica. Expertos en derecho constitucional consultados por otros medios han recordado que cualquier modificación en este sentido requeriría una reforma constitucional, un proceso que exige mayorías cualificadas en el Parlamento.
Ciudadanos, el partido al que perteneció De Quinto, ha mantenido silencio sobre la declaración. El partido, que en 2019 rozó el Gobierno en coalición con el PSOE, atraviesa una crisis interna tras su desplome electoral en las últimas citas con las urnas. Figuras como el exlíder Albert Rivera han abandonado la política activa, mientras que otros exdiputados han migrado a formaciones como el PP o Vox.
La polémica se produce en un contexto de creciente polarización en torno a las políticas sociales. El Gobierno actual, liderado por el PSOE en coalición con Unidas Podemos, ha impulsado medidas como el Ingreso Mínimo Vital, una prestación que beneficia a más de 500.000 hogares en situación de vulnerabilidad. Críticos de estas ayudas, como Vox, han abogado por su revisión, aunque sin llegar a proponer la supresión del derecho a voto para sus perceptores.
