Manifestantes exigen transparencia en la gestión de la crisis tras la entrada masiva de personas en diez días, mientras Moncloa insiste en «normalidad»
Ceuta ha registrado este domingo una de las mayores protestas ciudadanas de su historia reciente. Miles de ceutíes, convocados bajo el lema «¡Basta ya! ¡Ceuta no se rinde!», se han concentrado para denunciar la falta de transparencia del Gobierno en la gestión de la crisis migratoria que ha llevado a la entrada de 72.000 personas en el enclave en los últimos diez días. La movilización, impulsada por comunidades religiosas locales, ha puesto en evidencia la tensión entre la población y el Ejecutivo, que mantiene un discurso de «normalidad» a pesar de las cifras récord.
El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas (PP), ha evitado posicionarse públicamente sobre la protesta, aunque fuentes de su equipo han confirmado a ABC que la situación supera la capacidad de respuesta institucional. La crisis se produce en un contexto de creciente malestar por la saturación de recursos sanitarios, educativos y de acogida, agravada por la falta de un plan de contingencia específico para Ceuta. Mientras, el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, no ha detallado medidas concretas más allá de reforzar la vigilancia fronteriza, una estrategia que los manifestantes consideran insuficiente.
La polémica se extiende al ámbito político nacional. La ministra de Sanidad, Mónica García Gómez, y la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Sira Rego, han visitado Ceuta en los últimos días para evaluar la situación, pero sus declaraciones se han limitado a destacar la coordinación entre administraciones. En cambio, el Gobierno ha evitado responder a preguntas sobre la posible activación de mecanismos excepcionales, como la declaración del estado de emergencia, una herramienta que solo se ha empleado en dos ocasiones en España desde 1978 y que requeriría la aprobación del Congreso.
El conflicto también ha reabierto el debate sobre las relaciones con Marruecos, país con el que España comparte la frontera terrestre de Ceuta. Aunque el Gobierno marroquí ha reforzado los controles en la zona, analistas señalan que la entrada masiva de migrantes podría responder a una estrategia de presión política. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha descartado cualquier «condicionante externo» en la gestión de la crisis, pero no ha aclarado si se han mantenido contactos diplomáticos recientes con Rabat para abordar el problema.
La protesta de este domingo no es un hecho aislado. En los últimos tres años, Ceuta ha registrado al menos cuatro movilizaciones similares, todas vinculadas a la gestión migratoria. Sin embargo, la magnitud de la entrada actual —72.000 personas en diez días— supera con creces los episodios anteriores, como el de mayo de 2021, cuando llegaron unas 10.000 personas en una semana. La diferencia de escala ha llevado a organizaciones como Cáritas y la Cruz Roja a advertir de un colapso humanitario inminente si no se adoptan soluciones estructurales.
El Gobierno central, por su parte, mantiene su postura de minimizar la gravedad de la situación. El presidente Pedro Sánchez no se ha pronunciado públicamente desde que comenzó la crisis, y desde Moncloa se insiste en que la situación está bajo control. Esta narrativa choca con la percepción de los ceutíes, que denuncian la ausencia de información clara sobre el número real de personas en el enclave, su distribución o los planes para su regularización o retorno.
Fuente: ABC
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