El Ministerio del Interior registra 58 casos entre 2016 y 2025, con un pico de 24 en 2024 y el 89,7% de los investigados de nacionalidad extranjera
Cataluña concentró 33 de los 58 detenidos o investigados por matrimonios forzosos en España entre 2016 y 2025, lo que representa el 57% del total nacional, según datos del Ministerio del Interior. El 89,7% de los casos correspondió a personas extranjeras, con solo seis españoles implicados en la década.
La comunidad catalana no solo lidera el ranking, sino que duplica con creces los registros de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, que acumularon cinco casos cada una. De los 33 casos catalanes, 31 involucraron a extranjeros. Otras regiones como Andalucía (cuatro casos) y Aragón (tres) también registraron cifras elevadas, mientras que nueve comunidades —Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja, Ceuta y Melilla— no contabilizaron ningún detenido.
El patrón temporal revela un aumento significativo en los últimos años. Entre 2016 y 2021, solo se registraron ocho casos en toda España, pero a partir de 2022 la cifra se disparó: 11 ese año, nueve en 2023 y un récord de 24 en 2024, que supuso el 41% del total de la década. En 2025, los casos cayeron a seis, aunque cuatro de ellos seguían siendo extranjeros.
La distribución por nacionalidades refleja una clara predominancia de extranjeros en casi todas las comunidades. En Castilla-La Mancha, los cinco casos correspondieron a extranjeros, mientras que en la Comunidad Valenciana solo uno de los cuatro fue español. Madrid y Navarra registraron un único caso cada una, con nacionalidades opuestas: española en Madrid y extranjera en Navarra.
El marco legal español tipifica el matrimonio forzoso como delito en el artículo 172 bis del Código Penal, con penas de prisión de seis meses a tres años. La Fiscalía General del Estado ha subrayado en informes recientes que estos casos suelen detectarse en el ámbito familiar o comunitario, con víctimas menores de edad en un porcentaje elevado. La Generalitat de Cataluña activó en 2023 un protocolo específico para prevenir y actuar ante estos delitos, coordinado entre Mossos d’Escuadra, servicios sociales y entidades especializadas.
El aumento de casos en los últimos años coincide con un refuerzo de los mecanismos de denuncia y sensibilización, aunque organizaciones como Save the Children alertan de que la cifra real podría ser mayor debido a la infra denuncia en colectivos vulnerables.
Fuente: The Objective
