El mecanismo estatal de reparto, activado tras la llegada de 1.342 menores, no permite vetos políticos y prevé derivaciones en semanas
El Ministerio de Juventud e Infancia ha confirmado la llegada de 1.342 menores no acompañados a Ceuta desde el pasado 30 de julio, cifra que supera en más de 46 veces la capacidad ordinaria de acogida de la ciudad, fijada en 29 plazas. La ministra Sira Rego anunció que las primeras derivaciones a otras comunidades autónomas podrían iniciarse «en pocas semanas», tras convocar la Conferencia Sectorial de Infancia a finales de agosto y desplegar un equipo técnico permanente en Ceuta para agilizar los trámites.
El reparto se regirá por el Real Decreto 658/2025, que desarrolla el mecanismo de contingencia migratoria extraordinaria aprobado en la reforma de la Ley de Extranjería de 2025. Este procedimiento, de carácter reglado, exige un análisis individualizado de cada menor, con intervención de la Fiscalía y las administraciones implicadas, y no permite vetos políticos. Las comunidades receptoras podrán presentar alegaciones o recurrir, pero fuentes del Ministerio aclararon que estos recursos solo retrasarán los expedientes «unos pocos días», sin bloquear el dispositivo.
La situación tensiona los pactos de gobierno del PP con Vox en cuatro autonomías: Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura, que se comprometieron por escrito a rechazar «por todos los medios legales, jurídicos y políticos» cualquier reparto de menores. Estos acuerdos incluyen cláusulas específicas, como la negativa a habilitar nuevos centros o plazas. Sin embargo, el marco legal actual impide que una comunidad autónoma se convierta en «una isla jurídica», según el Gobierno, que recuerda que las competencias en extranjería y relaciones internacionales son estatales, mientras las autonomías asumen la protección de los menores una vez bajo su tutela.
El PP ha mostrado posturas divergentes. Su secretario general, Miguel Tellado, calificó la situación de crisis de seguridad nacional y exigió al Gobierno una solución, mientras el vicesecretario Elías Bendodo aseguró que los gobiernos autonómicos del partido cumplirán con la ley, argumento que también figura en sus pactos con Vox. La Fiscalía General del Estado, por su parte, ha instruido a los fiscales para garantizar la acogida inmediata, advirtiendo que no tolerará que una autonomía deje sin protección a los menores alegando rechazo al reparto.
Vox insiste en que la solución es devolver a los menores a Marruecos, pero el Gobierno subraya que cada caso debe tramitarse respetando los derechos de la infancia y el interés superior del menor. La reagrupación familiar es la prioridad, pero no existe un mecanismo automático de devolución. Las comunidades autónomas carecen de competencias para negociar acuerdos bilaterales con Marruecos, como recordó el delegado del Gobierno en Extremadura al vicepresidente extremeño de Vox.
Madrid, Galicia y País Valencià, gobernadas por el PP sin cláusulas explícitas de rechazo al reparto, disponen de mayor margen político. Madrid cuenta con 2.471 plazas ordinarias de referencia, País Valencià con 1.903 y Galicia con 940. En 2024, estas autonomías ya aceptaron derivaciones voluntarias: Andalucía acogió a 36 menores, Madrid a 34 y Galicia a 26, en un reparto financiado con 20 millones de euros del Gobierno central.
Fuente: Público
