La decisión se debe al aumento de causas de narcotráfico y la insuficiencia de recursos humanos y materiales
La Audiencia Nacional ha decidido nombrar a un magistrado adicional para reforzar el juzgado que dirige el magistrado Francisco de Jorge, instructor de causas de especial complejidad, como la del exjefe de la UDEF en Madrid al que se hallaron más de 20 millones de euros emparedados.
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha propuesto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) los nombres de dos jueces de instrucción de Madrid, Javier Ignacio Reyes y Lidia María Paloma, para que verifique la designación de uno de ellos como magistrado en comisión de servicios.
La decisión se debe a la preocupación de la Fiscalía Antidroga ante el enorme incremento de causas de narcotráfico y la insuficiencia de recursos humanos y materiales para hacer frente a la carga de trabajo en tiempos razonables.
El juzgado que dirige el magistrado De Jorge acumula un número importante de causas, incluyendo la que investiga a un exjefe de la UDEF en Madrid por presuntamente dar cobertura a una trama de narcotráfico, así como querellas contra dos mandos militares israelíes y la causa sobre la venta de acero por la empresa Sidenor a una compañía israelí fabricante de armas.
La Audiencia Nacional subraya la problemática derivada de la ralentización en el aumento de la plantilla de jueces de instrucción, lo que ha llevado a una situación en la que no se pueden atender adecuadamente las causas pendientes.
Según el marco legal que rige la Audiencia Nacional, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el órgano competente para nombrar a los magistrados en comisión de servicios. En este caso, la Sala de Gobierno ha propuesto a los dos jueces de instrucción de Madrid, Javier Ignacio Reyes y Lidia María Paloma, para que sean designados como magistrados en comisión de servicios.
La designación de un magistrado adicional en el juzgado de Francisco de Jorge se enmarca en el contexto de la reforma judicial que busca mejorar la eficiencia y la eficacia del sistema judicial español. La Audiencia Nacional ha estado trabajando en la implementación de medidas para reducir la carga de trabajo y mejorar la atención a las causas pendientes.
Fuente: La Razón
