El proyecto de ley busca captar talento externo y evaluar por competencias ante la jubilación de hasta 30.000 empleados públicos antes de 2030
Cataluña renovará sus procesos de selección de personal ante la previsión de que entre 24.000 y 30.000 empleados públicos se jubilen antes del año 2030. El Govern de la Generalitat aprobará el próximo martes el proyecto de ley de la Escola de l’Administració Pública de Catalunya para transformar este organismo formativo. La iniciativa busca afrontar el relevo generacional y dotar a la administración autonómica de herramientas técnicas para captar perfiles profesionales dentro y fuera del sector público.
El gabinete encabezado por Salvador Illa afrontó al tomar posesión el reemplazo de cientos de directivos públicos tras el cambio de color político del Govern. La conselleria de Presidència, que encabeza Albert Dalmau, coordina este plan de reestructuración administrativa. La reforma llega tras el inicio de tramitación de dos piezas normativas previas, la ley de la ocupación pública y el anteproyecto de ley de la dirección pública profesional. Con esta tercera ley, la Escola asumirá el encargo de captar y evaluar el talento directivo y técnico necesario.
Atracción de perfiles externos y evaluación por competencias
El texto legal otorgará nuevas atribuciones a la Escola para diseñar y poner al día los modelos de selección y captación de personal. El nuevo esquema formativo priorizará la evaluación por competencias. También facilitará la movilidad laboral de empleados públicos procedentes de otras administraciones del Estado. El Govern plantea abrir estos procedimientos a trabajadores del ámbito privado que acrediten vocación pública y capacidades adecuadas para cada puesto.
La Escola se encargará de fijar el marco curricular, funcional y competencial de la alta dirección de la Generalitat. Este organismo verificará la idoneidad de los aspirantes y promoverá el diseño de políticas públicas sustentadas en la investigación científica y la evidencia empírica. Dalmau ha resumido este cambio en la urgencia de asumir «los procesos selectivos y de acompañar la formación directiva» con la meta de alcanzar una «mayor profesionalización» del aparato institucional catalán.
Nuevo consejo rector y un año de tramitación parlamentaria
La gobernanza del organismo formativo cambiará con un consejo rector que actuará como máximo órgano decisorio. Esta estructura dará entrada a representantes de las diputaciones provinciales y a vocales independientes. Además, la norma creará un consejo asesor específico para orientar las estrategias sectoriales, depurar procedimientos y supervisar los estándares de calidad de las actividades docentes.
El proyecto normativo iniciará ahora su recorrido en el Parlament de Cataluña tras haber incorporado el 75% de las observaciones recabadas durante su redacción previa. Según los cálculos de Dalmau, el debate legislativo y las votaciones parlamentarias prolongarán la tramitación durante un año hasta la aprobación definitiva del texto.
Con la reforma, la Escola de l’Administració Pública también se encargará de gestionar la libre concurrencia, permitiendo que funcionarios de otras administraciones del Estado y perfiles del sector privado se integren en la administración catalana siempre que cumplan con los requisitos de vocación y competencias.
