El delegado Miguel Ángel Pérez Triano abandona su cargo tras fallos en la gestión de la avalancha migratoria; el Parlamento Europeo revisa las devoluciones
El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha dimitido el lunes, dos meses después de que la ciudad viviera una avalancha migratoria que dejó al menos 150 muertos y transformó su día a día en una pesadilla. La decisión llega cuando el Gobierno aún no ha aclarado cuántas personas entraron ni cómo gestionar la situación, mientras los migrantes que se quedaron malviven en condiciones insalubres y las mafias usan pasadizos militares para trasladarlos a la Península.
Pérez Triano fue el segundo cargo en renunciar tras la crisis: su jefe de Gabinete ya había abandonado el puesto. Su salida, aunque técnicamente un cargo menor, es una asunción de responsabilidad política por los errores en la gestión. El delegado minimizó las alertas previas —como las decenas de avisos del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), y los informes de los propios ceutíes—, y no activó refuerzos a tiempo. El Gobierno, que en su momento anunció haber resuelto la crisis, ahora enfrenta críticas por su lentitud: ni siquiera ha preparado decretos de urgencia para regular la situación.
La avalancha del 30 y 31 de julio —tachada de ataque por Pedro Sánchez y invasión por Vivas y el PP— dejó a Ceuta con comercios arruinados, playas convertidas en asentamientos y una población bajo miedo y pérdida de libertades, especialmente las mujeres, expuestas a riesgo de explotación sexual. Marruecos, que no reclama los cadáveres hallados en sus costas —como el de un hombre con traje de neopreno encontrado en Málaga—, tampoco ha aclarado su papel en los hechos. El rey Mohamed VI ya calificó la entrada masiva de intrusión inaceptable, en palabras del rey ante Macron ante Macron.
El Parlamento Europeo ha abierto la puerta a revisar la legislación de devoluciones al país de origen en casos como este, una demanda que coincide con la presión de los ceutíes para evitar que se repita una crisis de similar magnitud. El Gobierno, bajo presión, deberá actuar con urgencia si quiere evitar que Ceuta —y Melilla— queden como zonas de sacrificio político, donde se lanzan miles de personas como, según advierten fuentes locales.
La dimisión de Pérez Triano allana el camino para una revisión independiente de lo ocurrido, aunque quedan preguntas clave sin responder: ¿cuántos migrantes siguen en la ciudad? ¿Por qué se gestionan las filiaciones a cámara lenta? Y, sobre todo, ¿qué medidas concretas tomará el Ejecutivo para evitar que la historia se repita?
