El Tribunal Supremo permite a Trump enviar migrantes a naciones como Guinea Ecuatorial mientras se debate su legalidad en diciembre
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha autorizado temporalmente al Gobierno de Donald Trump a deportar migrantes a terceros países, incluyendo naciones señaladas por violaciones de derechos humanos como Guinea Ecuatorial, donde se han documentado casos de tortura contra deportados. La decisión, adoptada por una mayoría conservadora de seis jueces, suspende fallos de tribunales inferiores que exigían informar a los migrantes sobre su destino y permitirles impugnar el traslado antes de la expulsión.
La medida, justificada por la Administración como necesaria para deportar a personas con antecedentes penales, reactiva un programa que ya ha enviado a más de 25.000 migrantes a 29 países desde que Trump regresó al poder. El fallo, que permite deportaciones rápidas, será revisado en diciembre, cuando el Supremo escuchará los argumentos sobre su legalidad. Las juezas progresistas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson votaron en contra.
El programa, criticado por organizaciones de derechos humanos, incluye destinos como Guinea Ecuatorial, donde The New York Times documentó casos de deportados encapuchados, atados y golpeados por agentes policiales. La Administración Trump argumentó ante el Supremo que la suspensión de estas deportaciones supondría una «emergencia nacional» y afectaría su capacidad para expulsar a migrantes con antecedentes.
La decisión refleja un endurecimiento en la política migratoria de Trump, que ha priorizado deportaciones masivas como parte de sus promesas de campaña. Mientras tanto, el Supremo mantendrá en suspenso los fallos de tribunales inferiores hasta su resolución definitiva en diciembre, lo que permite al Gobierno continuar con el programa mientras se debate su constitucionalidad.
El tribunal ha programado una audiencia en diciembre para escuchar los argumentos de ambas partes sobre la legalidad de la política de deportaciones a terceros países. En esa sesión, se evaluará si la medida cumple con los requisitos constitucionales y las obligaciones internacionales de derechos humanos que Estados Unidos ha firmado.
