El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprueba un sistema que perjudica a la comunidad, sumándose a décadas de debate sin solución
El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado un nuevo modelo de financiación autonómica que reduce los ingresos de Andalucía en 1.200 millones de euros anuales, según cálculos internos citados por fuentes parlamentarias. La decisión, adoptada el jueves, profundiza en un conflicto recurrente que arrastra desde hace décadas y que ha generado cientos de intervenciones en el Parlamento andaluz.
El modelo, impulsado por el Gobierno central, beneficia a otras comunidades autónomas en detrimento de Andalucía, donde la Junta de Andalucía —dirigida por Juan Manuel Moreno— ya ha advertido de que la medida agravará las tensiones con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió la reforma como un avance en la equidad territorial, aunque sin detallar cómo compensará la pérdida de ingresos andaluces.
Este no es un debate nuevo: según datos históricos consultados por ABC, la financiación autonómica ha sido un tema recurrente en el Parlamento andaluz durante al menos cuatro legislaturas, con intervenciones que superan las 500 en total. La diferencia clave ahora es que el nuevo modelo, aprobado por unanimidad en el Consejo, entra en vigor en 2027, sin posibilidad de revisión inmediata.
La oposición en Andalucía, liderada por el PSOE y Podemos, ya ha anunciado que recurrirá la decisión ante el Tribunal Constitucional. Para los partidos de izquierda, la medida es un «ataque directo» a la autonomía financiera de la región, mientras que el PP andaluz exige una compensación inmediata. La Junta, por su parte, estudia convocar una reunión urgente con el Gobierno para negociar ajustes.
El conflicto refleja una tendencia consolidada: desde 2010, Andalucía ha perdido un 10% de su financiación autonómica en términos reales, según informes del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). La aprobación del nuevo modelo, sin embargo, marca un punto de inflexión al formalizar la pérdida en la ley, cerrando la puerta a futuras reclamaciones puntuales.
