El contrato con la firma estadounidense, que usa inteligencia artificial para espionaje, finaliza en noviembre sin renovación confirmada
El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene activo un contrato con Palantir, empresa estadounidense fundada por el multimillonario Peter Thiel —impulsor de PayPal y crítico con la democracia—, por casi 19,5 millones de euros, tres millones más de lo inicialmente anunciado. Así lo confirma un documento de la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa, obtenido mediante una petición de transparencia por la Asociación Protección de la Frontera Electrònica.
El acuerdo, adjudicado en 2023 por el entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fernando García González Valerio, incluye el uso de Gotham, una plataforma de inteligencia artificial que procesa datos para mejorar la toma de decisiones en el Sistema de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Según la nota del 28 de julio, el contrato —que finaliza el 30 de noviembre de 2026 sin posibilidad de prórroga— no ha sido cancelado ni modificado.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, evita aclarar si el Gobierno renovará el contrato tras su expiración. El acuerdo ha generado malestar entre socios de coalición y organizaciones sociales, que denuncian que Palantir colabora con la agencia migratoria ICE de EE.UU. —vinculada a la administración de Donald Trump— en deportaciones y con el ejército israelí en Gaza. La relatora de la ONU Francesca Albanese acusó a la empresa de «rentabilizar el genocidio».
El contrato original, revelado en 2023 por Neutral, ascendía a 16,54 millones. La subida de 3 millones —un 18% más— no fue comunicada públicamente. En su momento, el Estado Mayor se amparó en la Ley de Secretos Oficiales (1968) para no revelar detalles, alegando que hacerlo «comprometería la seguridad nacional». Ahora, la Jefatura de Asuntos Económicos justifica la opacidad con la Ley de Transparencia, calificando la información como «clasificada» por su relación con actividades de inteligencia.
Palantir, fundada en 2003 tras los atentados del 11-S, recibió financiación de In-Q-Tel, el fondo de la CIA, y su director ejecutivo, Alex Karp, ha abogado por convertir el servicio militar en un «deber universal». La empresa opera en conflictos como Gaza y ha sido criticada por su papel en la vigilancia masiva y la represión migratoria.
