El Gobierno activa el noveno espacio en Loma Colmenar y confirma 3.336 inmigrantes en el CATE, 800 más que hace 24 horas
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha anunciado este miércoles que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros del próximo martes un Real Decreto-Ley con una dotación de 40,3 millones de euros para cubrir los gastos extraordinarios que ha asumido el Gobierno de Ceuta por la crisis migratoria. La medida llega tras la reunión del Comité de Situación celebrada en la ciudad autónoma, donde Torres ha confirmado que el recurso de acogida en la cárcel de Ceuta —aprobado el martes— será el último y solo se activará si es estrictamente necesario.
Según datos actualizados, el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) alberga actualmente a 3.336 inmigrantes mayores de edad, casi 800 más que en la última comparecencia. Desde el 10 de agosto, se han devuelto a Marruecos 8.223 personas (1.432 más que hace una semana), una media de más de 200 al día. Además, 453 han sido expulsadas por otras razones, mientras que 10 expedientes de menores han sido remitidos a Marruecos para su reagrupación familiar.
El ministro ha destacado que los ocho espacios activados hasta ahora son suficientes para atender a los migrantes que permanecen en Ceuta, aunque el noveno emplazamiento —el embolsamiento en Loma Colmenar, cedido por la Ciudad Autónoma— ya está operativo y alberga inmigrantes. Torres también ha precisado que no hay presión hospitalaria, ya que los migrantes ocupan solo 14 de las más de 200 camas disponibles.
El Real Decreto-Ley, que se debatirá el martes, busca agilizar la gestión de una crisis que ha saturado los recursos locales. Mientras, el Ministerio de Justicia ha analizado 594 solicitudes de determinación de edad, confirmando que 553 son menores. De estos, 69 han sido reagrupados con familias en la Península y 144 reubicados en otras comunidades autónomas para garantizar su protección fuera de Ceuta.
La medida forma parte de un plan más amplio para contener la afluencia de migrantes, aunque el Gobierno insiste en que los recursos actuales son suficientes. La decisión de cerrar el recurso de acogida en la cárcel refleja un intento de evitar su uso prolongado, aunque no descarta su reactivación en caso de necesidad extrema.
