El PP y Vox denuncian una decisión ‘unilateral’ que ‘pisotea’ la solidaridad autonómica y amenaza con recurrir cada expediente individual
Aragón ha presentado este lunes un recurso ante el Tribunal Supremo para anular el real decreto del 30 de junio que fija en 476 el cupo de menores migrantes no acompañados que la comunidad debe acoger. El Gobierno autonómico, liderado por el PP y Vox, considera que la medida es «inadmisible» y «arbitraria», al imponer una cifra que, según sus cálculos, ya supera su capacidad desde 2024.
El recurso, impulsado por los vicepresidentes Mar Vaquero (PP) y Alejandro Nolasco (Vox), alega que el decreto —publicado el 3 de julio y ya en vigor— vulnera las competencias autonómicas y «pisotea» los principios de igualdad y solidaridad entre comunidades. Vaquero, consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, lo califica de «decisión unilateral» basada en «criterios políticos», mientras Nolasco, responsable de Bienestar Social, acusa al Gobierno central de «utilizar a los menores» en una «política vergonzosa» que beneficia a «mafias» de la inmigración ilegal.
El Ejecutivo aragonés solicita la suspensión cautelar del decreto mientras se resuelve su legalidad, advirtiendo que, de no prosperar, recurrirá uno a uno todos los expedientes de menores derivados. Nolasco ha dejado claro que Aragón no colaborará con la acogida: ha subrayado que el interés superior del menor es que estén en casa con sus padres y que no van a colaborar en esa invasión, asegura, en referencia a la crisis de Ceuta de mayo de 2024.
El conflicto se enmarca en la estrategia de comunidades gobernadas por la derecha para frenar la distribución de menores migrantes, similar a los recursos presentados por Madrid, Andalucía o Valencia. Aragón ya venía bloqueando la derivación de casos desde que Vox entró en el Gobierno en abril, y ahora escalan la batalla jurídica para evitar cumplir el cupo.
El decreto, aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, obliga a las autonomías a acoger un total de 11.500 menores no acompañados hasta diciembre, distribuidos según criterios de capacidad y densidad poblacional. Aragón, con un cupo del 4,1% del total, denuncia que el sistema autonómico de protección —gestionado por las diputaciones provinciales— colapsaría con la llegada de 476 menores adicionales.
