La organización policial discrepa de las cifras oficiales de retornos y personas acogidas tras la crisis fronteriza de julio
Los balances oficiales del Ministerio del Interior sobre la crisis migratoria de Ceuta afrontan el rechazo sindical. El Sindicato Unificado de Policía pone en cuestión las cifras difundidas por el departamento de Fernando Grande-Marlaska. La discrepancia afecta tanto a los retornos voluntarios comunicados como al número real de personas que permanecen en la ciudad autónoma.
La controversia surge casi dos meses después de los intentos de entrada registrados los días 30 y 31 de julio. Durante aquellas jornadas se produjeron entradas masivas a través del perímetro fronterizo que separa la ciudad de Marruecos. Desde entonces, el recuento de los migrantes derivados y atendidos alimenta una constante pugna política en el ámbito nacional.
El balance de las personas que siguen en territorio ceutí resulta determinante para la gestión de los recursos públicos locales. La administración autonómica carece de competencias exclusivas sobre control de fronteras exteriores, una labor reservada al Estado central. Los centros de estancia temporal y los servicios de acogida dependen de la coordinación directa entre administraciones.
Las organizaciones policiales destinadas en la zona asumen la custodia del perímetro y la tramitación administrativa inicial. Por ello, el sindicato sostiene que los registros ministeriales no coinciden con la realidad operativa a pie de frontera. Este desencuentro añade presión sobre el Ministerio del Interior en plena revisión de los protocolos de seguridad fronteriza.
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