Primera expulsión masiva de subsaharianos tras la crisis de Ceuta; abogados denuncian falta de información y recursos en marcha
El Gobierno de Pedro Sánchez ha devuelto a 23 sudaneses a Marruecos desde Ceuta sin que ninguno hubiera solicitado asilo en España. Los inmigrantes, que esperaban continuar su viaje a Europa, fueron trasladados de madrugada por la Policía y trasladados a una zona cerca de Casablanca, donde denuncian que les robaron sus pertenencias.
Según relatan los propios afectados a medios locales, los agentes los despertaron en sus alojamientos y los llevaron directamente a la frontera del Tarayal, sin explicaciones claras sobre el proceso. El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, asegura que las expulsiones se realizaron «con todas las garantías legales», incluyendo intérpretes y respeto a los derechos de personas vulnerables. Sin embargo, abogados y organizaciones critican la falta de transparencia durante los triajes previos.
Estas devoluciones son las primeras de subsaharianos tras la crisis migratoria de julio, cuando miles entraron ilegalmente a Ceuta. El Gobierno trabaja en un decreto urgente para agilizar las expulsiones a Marruecos, aunque hasta ahora el país solo aceptaba devoluciones de nacionales marroquíes. La medida afecta especialmente a sudaneses y otros subsaharianos, ya que el 90% de sus solicitudes de asilo en Europa suelen ser aprobadas.
La polémica crece porque los afectados no pidieron protección en España, pero su país está en guerra. Sus abogados ya han anunciado recursos legales por lo que consideran un procedimiento irregular. Mientras, el Ministerio mantiene silencio sobre el alcance total de las devoluciones, que se producen sin publicidad oficial.
El proceso de triaje se realizó en la comisaría donde se verificó la identidad de los detenidos y se entregó el expediente de devolución. Los 23 sudaneses fueron los primeros subsaharianos devueltos y fueron sacados de España por la frontera del Tarayal de Ceuta con Marruecos, tras la invasión masiva de inmigrantes el 30 y 31 de julio.
Los abogados planean interponer un recurso de alzada ante la Audiencia Nacional, alegando que el procedimiento careció de información adecuada y que los derechos de los detenidos no fueron respetados, a pesar de que el Ministerio del Interior asegura que se cumplió con todas las garantías jurídicas y de intérprete exigidas por la legislación española.
