El Consell de Pérez Llorca aprueba la norma antes de final de legislatura, tras incorporar objeciones del Consell Jurídic Consultiu y con el apoyo clave de Vox en Les Corts
Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero del Consell valenciano, anunció este viernes la aprobación del proyecto de Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana, una de las últimas grandes normativas que el gobierno de Juanan Pérez Llorca (PP) aspira a cerrar antes de que finalice la legislatura. La ley sustituirá a la actual Lotus (Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje) y establece un nuevo marco regulador que reserva al menos el 50% de la edificabilidad residencial para vivienda protegida, según detalló Martínez Mus durante el pleno del Consell.
La norma, que ya ha incorporado las objeciones esenciales del Consell Jurídicaa Consultiu —órgano consultivo de la Generalitat—, busca simplificar trámites administrativos sin menoscabar la protección ambiental. «Simplificar no es legalizar lo que es ilegal», aseguró Martínez Mus, quien subrayó que la protección del medio ambiente se mantiene intacta. La ley también introduce cambios clave en la tramitación de licencias urbanísticas, diferenciando claramente qué actuaciones requieren licencia y cuáles pueden gestionarse mediante declaración responsable, con el objetivo de reducir plazos y aportar seguridad jurídica a ciudadanos, promotores y ayuntamientos.
Uno de los aspectos más destacados es la atención específica al medio rural. Los municipios de menos de 1.000 habitantes, así como aquellos declarados en riesgo de despoblación, podrán utilizar un planeamiento urbanístico simplificado, adaptado a sus necesidades y dimensiones. Esta medida, según Martínez Mus, busca dar respuesta a las dificultades que enfrentan estos núcleos poblacionales, donde la falta de recursos y la baja densidad hacen inviable aplicar las normativas tradicionales.
El papel decisivo de Vox y las tensiones con la oposición
La tramitación parlamentaria en Les Corts será clave para la aprobación definitiva de la ley. El gobierno valenciano depende del apoyo de Vox para superar la oposición de los partidos de izquierda, que mantienen recelos sobre las intenciones de la derecha en materia de desregulación urbanística. Aunque Martínez Mus aseguró que el texto ya ha incorporado «la parte sustancial» de las objeciones del Consell Jurídic, fuentes parlamentarias señalan que el partido de Santiago Abascal podría exigir modificaciones adicionales antes de dar su visto bueno.
Por su parte, los partidos de la izquierda —como Compromís y Ezquerra Unida— han mostrado su escepticismo. «No nos fiamos de las intenciones de la derecha en este ámbito», declaró una fuente cercana a estos partidos, que advierten de posibles recortes en la protección del suelo rural o en los derechos de los arrendatarios. La ley, en cualquier caso, llega en un contexto de alta tensión en el sector inmobiliario valenciano, donde la escasez de vivienda asequible y la presión sobre el territorio son temas recurrentes en el debate político.
Contexto: ¿Qué cambia con la nueva Ley del Suelo?
La Lotus, en vigor desde 2014, ha sido criticada por su rigidez y por no adaptarse a las necesidades de los pequeños municipios. La nueva normativa busca flexibilizar el proceso urbanístico, especialmente en zonas rurales, donde la burocracia tradicional dificulta la ejecución de proyectos. Además, la ley introduce mecanismos para garantizar que al menos la mitad de la nueva edificabilidad residencial se destine a vivienda protegida, una demanda histórica de los colectivos sociales y de los ayuntamientos más afectados por la crisis de acceso a la vivienda.
Sin embargo, la simplificación administrativa plantea dudas entre los expertos. Mientras el gobierno valenciano insiste en que no se trata de «legalizar lo ilegal», organizaciones ecologistas y plataformas vecinales temen que la nueva ley facilite la especulación urbanística en zonas de alto valor ambiental. «Hay que vigilar que esta simplificación no se convierta en una puerta trasera para proyectos que antes eran inviables por su impacto», advirtió una fuente de Greenpeace Mediterráneo.
La aprobación de la ley coincide con un momento de alta volatilidad política en la Comunitat Valenciana. Con elecciones autonómicas previstas para 2027, los partidos buscan posicionarse en temas clave como la vivienda y el urbanismo. El PP valenciano, en particular, intenta demostrar que puede gobernar con estabilidad, cerrando normativas clave antes de que finalice la legislatura. Pero el camino no será fácil: sin el apoyo de Vox, la ley podría quedar bloqueada en Les Corts, obligando al gobierno a negociar enmiendas que diluyan su contenido original.
Mientras tanto, los ayuntamientos —especialmente los más pequeños— esperan con expectación los detalles de la nueva normativa. Para ellos, la simplificación del planeamiento urbanístico podría ser un alivio, pero también un riesgo si no se garantizan los mismos estándares de protección que en las grandes ciudades.
