Nogueras anuncia que el Ejecutivo valora medidas independentistas como suspensión de desahucios y prohibición de compras de viviendas por fondos
Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, ha llamado este viernes a buscar un «mínimo común denominador» con el PSOE para aprobar un decreto de vivienda que incluya medidas como la suspensión de desahucios y la prohibición a fondos de inversión de comprar más inmuebles.
El PSOE ha trasladado a Junts su «interés» en las propuestas independentistas, presentadas el pasado 3 de septiembre directamente al presidente Pedro Sánchez. Entre las medidas concretas que el partido de Carles Puigdemont defiende figuran desgravaciones fiscales para alquileres y compras de vivienda, la suspensión de desahucios en pisos de fondos de inversión y la prohibición de que estos fondos adquieran más inmuebles.
Nogueras ha aclarado que no hay negociaciones formales, pero sí un «interés» del PSOE por sus propuestas, que el partido independentista considera clave para aliviar la crisis de vivienda. «Lo que ha cambiado es que el PSOE ya tiene sobre la mesa medidas que nosotros llevamos defendiendo meses», ha señalado, aunque ha advertido de que Junts no votará leyes «jurídicamente inaplicables».
El contexto es urgente: este miércoles, centenares de personas protestaron en Barcelona contra el desahucio de una anciana en Madrid, un caso que refleja la presión social por soluciones rápidas. Junts también ha confirmado que ERC apoya sus propuestas, pese a las críticas públicas de su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, quien las calificó de «chantaje».
La negociación se enmarca en un debate más amplio: desde 2020, el Congreso ha tramitado al menos tres leyes de vivienda sin consenso, todas bloqueadas por falta de apoyos. Este decreto, si se aprueba, sería el primero en incluir medidas directas contra fondos de inversión, un sector que en 2025 concentró el 22% de las viviendas en alquiler en España, según datos del Ministerio de Transportes.
En declaraciones adicionales, Nogueras añadió que, aunque no se han iniciado conversaciones con la coalición Sumar, la posibilidad de que el decreto se apruebe lo antes posible sería una señal positiva para la agenda de vivienda y un paso concreto hacia la estabilización del mercado.
