Ángel Víctor Torres, ministro de Inclusión, confirma la cifra más alta desde 2021 y alerta sobre la saturación de recursos en la ciudad autónoma
El Gobierno español ha registrado un total de 2.383 menores no acompañados en Ceuta, según datos aportados por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Ángel Víctor Torres. La cifra, comunicada en un vídeo publicado por The Objective, marca un récord histórico desde que en 2021 se activaran protocolos específicos para este colectivo en la ciudad autónoma.
Torres no detalló en qué plazo se ha alcanzado esta cifra, pero el dato contrasta con los 1.876 menores no acompañados registrados en Ceuta en todo 2023, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). La diferencia —507 menores más en menos de un año— refleja el agravamiento de la crisis migratoria en la frontera sur, donde Ceuta y Melilla actúan como puntos de entrada clave para personas en situación irregular procedentes de Marruecos y otros países del norte de África.
La saturación de recursos en Ceuta ya había sido advertida por ONGs locales como Cruz Roja y Save the Children, que en los últimos meses han denunciado la falta de plazas en centros de acogida y la sobrecarga del sistema educativo para integrar a menores sin documentación. Según datos de la Delegación del Gobierno en Ceuta, en 2024 ya se habían duplicado las solicitudes de asilo respecto a 2022, con un 43% de ellas presentadas por menores.
El aumento de menores no acompañados complica aún más la gestión de la crisis, ya que este colectivo requiere protección especializada y acceso a educación, sanidad y tutela legal. La Ley Orgánica 4/2000 de Derechos y Libertades de los Extranjeros obliga a identificar y proteger a estos menores, pero su aplicación en Ceuta se ha visto limitada por la falta de plazas en centros autorizados. Actualmente, la ciudad autónoma depende en un 70% de fondos estatales para hacer frente a la acogida, según informes internos de la Consejería de Políticas Sociales de Ceuta.
Mientras, el Partido Popular (PP) y Vox han criticado la gestión del Gobierno, acusando a Pedro Sánchez de «normalizar la inmigración irregular». En un comunicado conjunto, ambos partidos exigieron «medidas urgentes para cerrar la frontera» y «reforzar la colaboración con Marruecos». Por su parte, Podemos ha pedido «un plan estatal de acogida» que evite la externalización de la crisis a ciudades como Ceuta o Melilla.
La Comisión Europea también ha mostrado preocupación por la situación, recordando en un informe reciente que España es el segundo país de la UE con más llegadas de menores no acompañados, solo por detrás de Italia. Bruselas ha instado a Madrid a «agilizar los procedimientos de asilo» y a «garantizar condiciones dignas de acogida», algo que, según fuentes del Ministerio del Interior, requeriría una inversión adicional de al menos 50 millones de euros anuales.
