Sumar exige al PSOE llevar el martes al Consejo de Ministros la expropiación del piso y el real decreto de vivienda, mientras Junts y Podemos mantienen bloqueada cualquier mayoría
El caso de Maricarmen, la anciana desahuciada, ha dejado de ser un asunto de vivienda para convertirse en una pelea abierta dentro del Gobierno de coalición. Sumar presiona al PSOE para que lleve al Consejo de Ministros del próximo martes la expropiación del piso en el que vivía la mujer. También reclama el real decreto ley de vivienda que Pedro Sánchez prometió aprobar antes de las vacaciones y que aún no ha salido adelante.
El choque ya no se limita a los despachos. La ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, han mantenido un intercambio áspero en la red social X. Puente escribió este jueves, después de lanzar varias críticas contra su colega de Sanidad: «A ver si toda esta movida sirve al menos para que los que resolverían el problema de la vivienda en un pis pas, resuelvan uno que debería ser más sencillo: el suyo (…). Solo tienen que ponerse de acuerdo y no ir bajo 20 siglas y regalarle el gobierno a la ultraderecha».
La que fuera alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha ido más lejos. Ha llamado a Sumar a abandonar el Ejecutivo para no ser «cómplices» de «la cobardía del PSOE». Es la primera vez en esta legislatura que un referente del socio minoritario plantea públicamente la salida del Gobierno por un asunto de vivienda.
Cuatro intentos y tres derogaciones en el Congreso
El problema de fondo es aritmético. En lo que va de año, el Gobierno ha llevado a convalidación al Congreso tres reales decretos leyes con medidas sobre vivienda. Los tres han sido derogados con los votos del PP, Vox y Junts. Dos de esas derrotas afectaron a la moratoria de la prohibición de desahuciar a colectivos vulnerables. La tercera tumbó la prórroga de los alquileres más allá de los cinco años.
A finales de junio, el Ejecutivo anunció que en julio lo intentaría por cuarta vez. Esta vez, según el plan, pactaría de antemano con todos los socios para asegurarse la convalidación. Hasta hoy no ha sido posible. El PSOE se ha topado con la misma incompatibilidad: lo que exige Podemos y lo que quiere Junts no encajan, y a ambos necesita Sánchez.
Sumar propone llevar el real decreto ley al Consejo de Ministros del martes aunque no esté acordado con los socios de investidura. La idea es presionar después al PP y a Junts durante el mes que tarda la votación en el Congreso. Esa estrategia ya se intentó la última vez y no funcionó. Preguntado al respecto en la rueda de prensa que dio desde Nueva York, Sánchez no quiso comprometerse a que el próximo martes haya medidas. Pidió «responsabilidad» a los partidos y garantizó que el Gobierno hará lo que esté en su mano.
El pulso Cuerpo-Díaz sobre la congelación de alquileres
PSOE y Sumar sí coinciden en prorrogar la prohibición de los desahucios. Ahí el escollo es Junts, que vincula esa medida con la inquiokupación. Donde no hay acuerdo es en cómo evitar que se disparen los precios de los alquileres cuyos contratos van venciendo a los cinco años legales. Ese tira y afloja enfrenta desde hace meses a los vicepresidentes Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz.
Sumar quiere mantener esos alquileres congelados por real decreto ley otra vez. Es una medida que inicialmente se concibió para la coyuntura de la pandemia. El pasado marzo, el socio minoritario obligó al PSOE a aprobar un real decreto ley que prorrogaba los alquileres. Sánchez sabía de antemano que estaba condenado a su muerte parlamentaria porque Junts no iba a ceder. Así ocurrió un mes después, en abril. Los socialistas ni siquiera movieron un dedo para hacer cambiar de idea a los de Carles Puigdemont, lo que enfadó mucho a Sumar.
Cuerpo y los socialistas han sido siempre más partidarios de bonificar a los propietarios el 100 % de la renta en el IRPF si mantienen el precio del alquiler. Esa iniciativa la sugirieron en enero. Sumar la rechazó de plano por ser un «regalo de dinero público a los rentistas», como llegó a afirmar Díaz.
El discurso le resulta más fácil a Sumar. La responsabilidad de una hipotética cuarta derrota parlamentaria recaería sobre Sánchez. Y es lo que el presidente no quiere.
