El presidente De la Espriella acusa a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y ordena traslado de 76 presos vinculados al grupo
El Gobierno colombiano desplegó este miércoles más de 1.100 militares y policías en Santa Marta y el municipio vecino de Ciénaga, tras una ola de violencia atribuida a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACS). El presidente Abelardo de la Espriella lideró una reunión de emergencia con autoridades locales y anunció que 500 soldados y 600 policías reforzarán la seguridad en la zona, donde el martes se registraron ataques contra comercios y vehículos.
De la Espriella aseguró que las fuerzas públicas «tienen controlado el orden público» en la región, aunque la ciudad amaneció con comercios cerrados y calles casi vacías. El mandatario identificó a cinco líderes paramilitares —»alias Pinocho», «alias Pati lizo», «alias Flash o Comando», «alias Jacob o Comando 45″— como responsables de la violencia, prometiendo «perseguirlos sin descanso».
El despliegue incluye unidades de fuerzas especiales, vigilancia fluvial y sobrevuelos de la Fuerza Aérea. Además, el Gobierno ordenó el traslado de 76 presos vinculados a las ACS desde cárceles de los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico. Las medidas responden a los ataques iniciados el lunes tras la muerte de «alias Cholo», segundo cabecilla del grupo, en una operación militar.
Las ACS, surgidas en 2022 como escisión de las Autodefensas Satanistas de Colombia (AGC), operan en el norte del país con vínculos documentados con el narcotráfico y la minería ilegal. Su expansión ha generado alertas en el Ministerio de Defensa, que las clasifica como una de las mayores amenazas para la estabilidad de la región caribeña, donde el turismo —clave para la economía local— sufre los embates de la inseguridad.
El presidente De la Espriella, en el poder desde 2022, enfrenta críticas por su manejo de la violencia paramilitar, que ha escalado pese a los acuerdos de paz con las FARC en 2016. Este episodio podría acelerar su estrategia de «mano dura», ya que el Congreso colombiano aprobó en agosto un paquete de leyes para endurecer penas contra grupos armados ilegales.
