El dueño de Hafesa, acusado de fraude por 154 millones, quedó en libertad en Dubai tras reunirse con Leire Díez para «matar» al teniente coronel Balas
El Senado obligará al Gobierno de Pedro Sánchez a explicar por qué no extradita a Alejandro Hamlyn desde Dubai, donde Interpol lo detuvo en agosto. Hamlyn, dueño de la petrolera Hafsa, enfrenta una condena por fraude de 154 millones de euros en la ‘Operación Drake’, pero quedó en libertad tras la inacción de los ministerios de Justicia y Exteriores.
El Partido Popular (PP) ha solicitado esta comparecencia tras descubrir que Hamlyn mantuvo una reunión virtual en febrero de 2025 con Leire Díez, secretaria de Organización del PSOE, para «matar civilmente» al teniente coronel Antonio Balas. Balas dirige las investigaciones por corrupción que vinculan al Gobierno con casos como el de la petrolera.
La Audiencia Nacional ordenó su extradición en agosto, pero Hamlyn fue liberado sin que España tramitara el proceso. El PP cuestiona ahora la pasividad de los ministerios, que dependen de Sánchez, mientras el caso se arrastra desde 2023, cuando la compañía fue condenada por el fraude.
El caso afecta directamente a la credibilidad del Gobierno, ya que Balas —objetivo de las presiones— lidera las pesquisas sobre el entorno de Sánchez, incluyendo el caso de los ‘papeles de Bárcenas’ y las cuentas opacas en el extranjero. La liberación de Hamlyn, sin justificación pública, refuerza las acusaciones de impunidad selectiva.
El PSOE, por su parte, no ha reaccionado oficialmente, pero fuentes cercanas a Leire Díez niegan cualquier irregularidad en su reunión con Hamlyn. Sin embargo, la documentación judicial vincula esa conversación con el intento de frenar las investigaciones de Balas, un objetivo clave para el entorno del presidente.
La comparecencia en el Senado podría revelar si el Gobierno oculta información sobre este caso, que ya ha generado tensiones con la Guardia Civil y el PNV, que apoya a Balas en su labor de investigación.
La extradición de Hamlyn requiere la autorización de los ministerios de Justicia y Exteriores, según la Ley de Extradición, pero hasta la fecha no se ha presentado la documentación necesaria, lo que ha generado críticas por parte de la oposición.
El caso de la petrolera Hafsa se inició en 2023 cuando la Audiencia Nacional condenó a la compañía y a parte de su equipo directivo por un fraude de 154 millones de euros, y desde entonces el proceso judicial ha estado pendiente de ejecución.
