La Cámara Baja rechaza por segunda vez en 2026 ampliar la suspensión de lanzamientos para vulnerables, mientras fondos inmobiliarios disparan los alquileres hasta 5 veces más
Maricarmen, una vecina de 87 años con una pensión de 1.350 euros, ha sido desahuciada este viernes de la casa en la que vivía desde hace más de siete décadas. El fondo propietario de la vivienda exigía un alquiler de 2.650 euros mensuales, cinco veces superior a los 500 euros que pagaba hasta ahora. El caso, que vuelve a poner el foco en la crisis de la vivienda, se produce tras el rechazo del Congreso a ampliar la moratoria a desahucios para personas vulnerables, una medida que ya había sido tumbada en dos ocasiones este año.
El desahucio de Maricarmen llega en un contexto en el que el Gobierno intentó prorrogar hasta finales de 2026 un mecanismo que permitía paralizar judicialmente los lanzamientos para inquilinos vulnerables. La medida, pactada en 2020 con EH Bildu y prorrogada año tras año, fue rechazada en enero por PP, Vox, Junts y UPN, que argumentaron que ahogaba a los propietarios de viviendas okupadas. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, llegó a afirmar que la norma impedía actuar contra ocupaciones ilegales.
El decreto-ley que el Ejecutivo intentó aprobar en enero incluía, además de la subida de pensiones, la ampliación de la moratoria. Sin embargo, la oposición bloqueó ambas medidas por separado: primero la subida de pensiones y luego, un mes después, la suspensión de desahucios. Esta última permitía que inquilinos vulnerables sin alternativa habitacional solicitaran al juzgado la suspensión del lanzamiento, siempre que acreditaran su situación. Los servicios sociales tenían 10 días para emitir un informe, y el juez decidía en función de las circunstancias de ambas partes.
En el caso de Maricarmen, el arrendador era un fondo inmobiliario, y su situación de vulnerabilidad —con una pensión de 1.350 euros— habría justificado la suspensión del desahucio. Sin embargo, al no estar vigente la moratoria, el juzgado no pudo intervenir.
El Congreso acelera los desahucios mientras bloquea protecciones
El rechazo a la moratoria contrasta con una decisión adoptada en noviembre de 2024 por el Congreso, cuando se aprobó una enmienda del PNV que aceleraba los desahucios. La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal incluyó los delitos de allanamiento de morada y usurpación entre los casos que pueden ser juzgados de forma rápida, una medida dirigida explícitamente contra la ocupación de viviendas.
Esta contradicción legislativa —bloquear protecciones para inquilinos vulnerables mientras se agilizan los desahucios— refleja un debate político en el que PP, Vox y Junts priorizan los intereses de los propietarios, especialmente fondos inmobiliarios, sobre la protección de colectivos en riesgo de exclusión. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2025 el 12,5% de los hogares en España destinaba más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler, un umbral que define la vulnerabilidad.
El mecanismo de suspensión: cómo funcionaba y por qué fracasó
El sistema de suspensión extraordinaria de desahucios, vigente hasta enero de 2026, requería que el inquilino acreditara su vulnerabilidad económica. Una vez presentada la documentación, el propietario podía alegar también su propia vulnerabilidad —por ejemplo, si se trataba de una vivienda en alquiler social o de un fondo con dificultades financieras—. El juzgado remitía entonces el caso a los servicios sociales, que tenían 10 días para emitir un informe. Con ese informe, el juez decidía si suspendía el procedimiento, ponderando las circunstancias de ambas partes.
En el caso de Maricarmen, el fondo propietario no alegó vulnerabilidad, pero su exigencia de un alquiler de 2.650 euros —cinco veces superior al anterior— demostraba la capacidad económica para mantener la vivienda. Sin embargo, al no estar vigente la moratoria, el juzgado no pudo aplicar el mecanismo de suspensión.
La medida, que había sido prorrogada año tras año desde 2020, fue rechazada en enero por PP, Vox, Junts y UPN. Los populares argumentaron que la norma «ahogaba a los propietarios de viviendas okupadas», mientras que Junts criticó que impedía actuar contra ocupaciones ilegales. Este rechazo dejó sin protección a miles de inquilinos vulnerables, como Maricarmen, cuya situación no cumplía los requisitos para acceder a una vivienda social.
¿Qué pasa ahora? Fondos inmobiliarios y la falta de alternativas
El desahucio de Maricarmen pone de manifiesto la falta de alternativas para personas mayores en situación de vulnerabilidad. Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en 2025 se registraron más de 30.000 desahucios en España, un 15% más que en 2024. Los fondos inmobiliarios, que concentran un 40% del parque de alquiler en ciudades como Madrid y Barcelona, han disparado los precios en los últimos años, haciendo insostenible el alquiler para pensionistas y familias con ingresos bajos.
El Gobierno, por su parte, no ha presentado una nueva propuesta para ampliar la moratoria. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) han confirmado que están trabajando en un plan de choque para la vivienda vulnerable, que podría incluir ayudas directas al alquiler y la creación de un fondo de emergencia habitacional. No obstante, su aprobación dependerá de la voluntad política en el Congreso, donde PP, Vox y Junts mantienen su postura en contra de medidas que consideren «favorecedoras de la ocupación».
Mientras tanto, Maricarmen se enfrenta a la búsqueda de una nueva vivienda con 87 años y una pensión que no le permite acceder al mercado privado. Su caso, junto al de otros miles de afectados, refleja un sistema que prioriza los intereses de los fondos inmobiliarios sobre la protección de los más vulnerables.
