El rechazo de PP, Vox, Junts y UPN a dos decretos-ley del Gobierno deja sin protección a inquilinos vulnerables como ella, mientras el Congreso acelera los juicios por ocupación
Maricarmen, una madrileña de 87 años con una pensión de 1.350 euros, ha sido desahuciada este viernes de la vivienda donde residía desde hace más de siete décadas. El propietario, un fondo de inversión, exigía un alquiler de 2.650 euros mensuales —cinco veces superior a lo que ella podía pagar—, un caso que expone la crisis de la vivienda en España y el fin de las medidas de protección para inquilinos vulnerables.
El Congreso de los Diputados ha rechazado en dos ocasiones este año —en enero y febrero— los decretos-ley del Gobierno que prorrogaban hasta finales de 2026 la moratoria a desahucios para personas en situación de vulnerabilidad. La votación, con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, ha dejado sin efecto un mecanismo que, desde 2020, permitía paralizar judicialmente los lanzamientos mientras se buscaba una alternativa habitacional. En el caso de Maricarmen, la suspensión del desahucio habría sido posible al acreditar su vulnerabilidad económica y la naturaleza del arrendador —un fondo de inversión—, pero la falta de protección legal la ha dejado en la calle.
La medida, pactada inicialmente en 2020 con EH Bildu y prorrogada año tras año durante la pandemia, permitía a los juzgados suspender desahucios si el inquilino demostraba su vulnerabilidad y no tenía alternativa de vivienda. El propietario podía alegar también su propia vulnerabilidad, y los servicios sociales emitían un informe en diez días para que el juez decidiera. Sin embargo, el Congreso ha aprobado en los últimos meses cambios que aceleran los desahucios en casos de ocupación, mientras elimina las protecciones para inquilinos en riesgo.
El Congreso elimina las moratorias y acelera los desahucios
En noviembre de 2024, el Congreso aprobó una enmienda del PNV que introducía en la Ley de Enjuiciamiento Criminal los delitos de allanamiento de morada y usurpación como casos para juicios rápidos. Esta reforma, dirigida contra la ocupación de viviendas, contrasta con la eliminación de las moratorias para inquilinos vulnerables. Mientras, el Gobierno intentó en dos ocasiones —enero y febrero de 2026— prorrogar hasta diciembre la suspensión de desahucios para personas sin recursos, pero ambas propuestas fueron rechazadas por la mayoría parlamentaria.
El PP argumentó que la norma ahogaba a los propietarios de viviendas okupadas, mientras que la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, criticó que la medida permitía que no se pudiera hacer nada si se okupaba el piso y no se pagaba el alquiler. Con estos votos, el Congreso ha eliminado una de las pocas herramientas legales para proteger a inquilinos como Maricarmen, cuya pensión de 1.350 euros no le permitía hacer frente al alquiler exigido por el fondo de inversión.
Un mecanismo que funcionó durante la pandemia y ahora desaparece
El sistema de suspensión de desahucios se implementó en 2020 como respuesta a la crisis de la pandemia, cuando el Gobierno y EH Bildu acordaron paralizar los lanzamientos para evitar que personas en situación de vulnerabilidad quedaran en la calle. La medida se fue renovando anualmente, pero este año el Congreso la ha eliminado. Según los datos disponibles, en 2025 se registraron más de 30.000 desahucios en España, un 12% más que en 2024, según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
El mecanismo funcionaba así: el inquilino vulnerable solicitaba al juzgado la suspensión del desahucio, acreditando su situación económica. El propietario podía alegar también su vulnerabilidad, y los servicios sociales emitían un informe en diez días. Con estos datos, el juez decidía si paralizaba el procedimiento. En el caso de Maricarmen, su edad (87 años), su pensión (1.350 euros) y el hecho de que el propietario fuera un fondo de inversión habrían sido suficientes para evitar su desahucio si la moratoria hubiera estado vigente.
¿Qué pasa ahora con los inquilinos vulnerables?
Con la eliminación de la moratoria, los inquilinos en situación de vulnerabilidad perderán una de las pocas herramientas legales para evitar los desahucios. Según datos del Observatorio de la Vivienda Asequible, el 40% de los desahucios en España afectan a personas mayores de 65 años, muchos de ellos con pensiones mínimas que no les permiten hacer frente a los alquileres actuales. La eliminación de la moratoria deja a estos inquilinos sin protección, mientras los fondos de inversión y propietarios ganan mayor poder para ejecutar lanzamientos.
El Gobierno ha intentado compensar esta pérdida con ayudas directas al alquiler, pero estas medidas no son suficientes para evitar los desahucios inmediatos. Mientras, el Congreso ha acelerado los juicios por ocupación, lo que podría aumentar los desahucios en casos de viviendas okupadas, aunque no resuelve el problema de los inquilinos legales en situación de vulnerabilidad.
El caso de Maricarmen refleja una tendencia: en los últimos años, los fondos de inversión han aumentado su presencia en el mercado de alquiler, exigiendo rentas más altas y dejando a muchos inquilinos en una situación de precariedad. Según el Banco de España, el precio medio del alquiler en España ha subido un 30% desde 2020, mientras las pensiones no han seguido el mismo ritmo. Esto ha llevado a que muchos jubilados, como Maricarmen, se vean obligados a abandonar sus viviendas por no poder pagar los nuevos alquileres.
La eliminación de la moratoria también tiene un impacto político. El Gobierno, que intentó prorrogar la medida en dos ocasiones, ha visto cómo su propuesta era rechazada por la oposición. Esto podría afectar a su imagen en las próximas elecciones, especialmente en un contexto donde la vivienda es uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos.
Mientras, los partidos de la oposición defienden que las medidas del Gobierno «favorecen a los okupas» y «perjudican a los propietarios». Sin embargo, el caso de Maricarmen muestra que la eliminación de la moratoria afecta principalmente a inquilinos legales en situación de vulnerabilidad, muchos de ellos personas mayores con pensiones mínimas.
