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Mié. Sep 23rd, 2026
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El alcalde de Madrid denuncia riesgos en el edificio y vincula la situación con la falta de convocatoria del Consejo Rector

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha acusado este lunes al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de okupar ilegalmente Casa Árabe y ha criticado duramente sus apariciones en vídeo durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Almeida ha afirmado que Albares «se debería pensar los vídeos que hace», asegurando que «representa al reino de España y hacer el ridículo con los vídeos que se autograba no es lo que mejor nos representa en un evento tan importante». El alcalde ha vinculado esta situación con la ocupación de Casa Árabe, un edificio que considera «patrimonio de los madrileños».

Según Almeida, Albares «está okupando ilegalmente Casa Árabe» y «privando a los madrileños de su patrimonio», además de poner en riesgo la integridad física de los trabajadores del edificio. El alcalde ha advertido que, en caso de accidente, «diré que lo dije», aludiendo a la falta de mantenimiento del inmueble.

El conflicto se enmarca en la negativa del ministro a convocar el Consejo Rector de Casa Árabe, un órgano clave para la gestión del centro cultural. Almeida ha denunciado que el Ministerio de Cultura le ha comunicado que no puede calificar de okupación la situación hasta que se celebre dicha reunión, algo que, según el alcalde, no se produce.

Casa Árabe, ubicada en el centro de Madrid, es un espacio cultural dedicado a la promoción de la cultura árabe y mediterránea. Su gestión depende de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Cultura, que incluye la participación de un Consejo Rector compuesto por representantes de ambas instituciones y de la comunidad árabe en España.

La polémica refleja tensiones entre el Gobierno central y el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el Partido Popular (PP), en torno a la gestión de espacios culturales y la defensa del patrimonio público. Almeida ha insistido en que la situación «no solo es un problema legal, sino también de seguridad y responsabilidad institucional».

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