Las Corts Valencianas ignoran la carta de Armengol y el cupo mensual para autonomías se agota; Compromís pide a Feijóo que evite el bloqueo de Vox
Francina Armengol ha fijado para el 6 de octubre el debate en el Congreso sobre la reforma constitucional impulsada por el Principado de Asturias, que busca modificar los mecanismos de las iniciativas populares y los referendos. Mientras, la propuesta valenciana para recuperar el derecho civil valenciano —apoyada por más de 541 ayuntamientos y las propias Cortes Valencianas— sigue bloqueada por la negativa de las Cortes Valencianas a designar los diputados que deben defenderla en la Cámara Baja, a pesar de la insistencia de la presidenta del Congreso.
La iniciativa asturiana avanza en un contexto en el que otras reformas autonómicas, como la impulsada por las Islas Baleares para modificar el artículo 69.3 de la Constitución y permitir a Formentera elegir un senador independiente, ya han sido aprobadas. Sin embargo, la reforma valenciana —promovida inicialmente por el PP valenciano y con el respaldo de Vox en su día— ha quedado paralizada por la falta de respuesta de las Cortes Valencianas a la carta de Armengol, que les exigía nombrar a los portavoces necesarios para su tramitación.
El diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, alertó ayer en la Junta de Portavoces que el cupo mensual para debates autonómicos se agota y que, si el Gobierno presenta los presupuestos generales del Estado (PGE), no habrá tiempo para más iniciativas hasta febrero —o incluso antes, si el Congreso se disuelve—. Ibáñez, que considera que la reforma valenciana tiene «apoyo suficiente» en el Congreso, envió una carta a Alberto Núñez Feijóo pidiéndole que evite que Vox bloquee la propuesta, ya que el PP «no debería permitir que su posición marque el límite» de lo que el pueblo valenciano puede recuperar.
La carta de Ibáñez subraya que la reivindicación no es «partidista», sino un tema de «autogobierno y derecho histórico», recordando que Feijóo, como ex presidente autonómico, conoce su importancia. Hasta ahora, ni el PP valenciano ni Vox —este último históricamente contrario a que las autonomías tengan competencias legislativas en este ámbito— han mostrado interés en desbloquear la reforma.
El precedente balear: cómo una reforma autonómica se aprobó mientras la valenciana se estanca
La reforma impulsada por las Islas Baleares para modificar el artículo 69.3 de la Constitución —y permitir a Formentera elegir un senador independiente— fue aprobada sin mayores obstáculos, a pesar de que también requería el apoyo de las Cortes Generales. Este contraste con la situación valenciana refleja cómo la falta de designación de portavoces autonómicos puede paralizar iniciativas con respaldo social y político.
En el caso balear, el proceso avanzó sin que las Cortes Valencianas tuvieran que actuar, mientras que en Valencia la inacción de las instituciones autonómicas ha dejado la reforma en punto muerto. La diferencia radica en que, en Baleares, el Gobierno autonómico sí designó a sus representantes en el Congreso, mientras que en Valencia las Cortes Valencianas —controladas por Compromís, PSOE y Unidas Podemos— no han respondido a la presión de Armengol.
Este bloqueo institucional contrasta con el apoyo transversal que recibió la propuesta valenciana en su momento: más de 541 ayuntamientos y las propias Cortes Valencianas la avalaron. Sin embargo, la falta de voluntad política para nombrar portavoces —un requisito constitucional para que el Congreso pueda debatir la reforma— ha dejado la iniciativa en un limbo legal.
¿Qué pasa ahora? El calendario del Congreso y el riesgo de disolución
El debate sobre la reforma asturiana el 6 de octubre marca un hito en el calendario parlamentario, pero también acelera el reloj para la reforma valenciana. Si el Gobierno presenta los PGE antes de que se agoten los cupos mensuales para debates autonómicos —que se completan en febrero—, la ventana para tramitar la iniciativa valenciana podría cerrarse hasta después de las elecciones.
Además, la posible disolución del Congreso antes de que finalice el año añade incertidumbre. Si esto ocurre, cualquier reforma constitucional en tramitación quedaría en suspenso hasta la formación de un nuevo Parlamento, lo que retrasaría aún más —o incluso frustraría— la recuperación del derecho civil valenciano.
Mientras, Compromís insiste en que la reforma tiene «apoyo suficiente» en el Congreso, pero advierte de que una renovación del hemiciclo podría cambiar este escenario. La formación ha pedido a Feijóo que use su influencia para evitar que Vox —que históricamente se ha opuesto a ceder competencias legislativas a las autonomías— bloquee la iniciativa, recordando que el PP valenciano fue uno de sus impulsores originales.
La carta de Ibáñez a Feijóo subraya que la cuestión no es «partidista», sino un tema de «autogobierno y derecho histórico». Sin embargo, hasta ahora, ni el PP ni Vox han mostrado disposición a desbloquear el proceso, dejando la reforma valenciana en un punto muerto institucional.
El caso refleja cómo la falta de coordinación entre las instituciones autonómicas y el Congreso puede paralizar iniciativas con respaldo social, incluso cuando otras reformas similares —como la balear— avanzan sin mayores obstáculos.
