La presidenta Isabel Perelló usa su voto de calidad para impulsar la investigación, mientras cuatro vocales defienden la libertad de expresión del juez madrileño
Isabel Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha impulsado hoy la apertura de un expediente disciplinario contra el juez David Maman por posibles faltas de desconsideración hacia las mujeres en casos de violencia de género. La decisión, adoptada por la Comisión Permanente del CGPJ, se ha producido gracias al voto de calidad de Perelló, ya que los vocales estaban divididos: cuatro —todos propuestos por el PP— abogaban por archivar el caso, mientras que los tres restantes —vinculados a PSOE y Sumar— apoyaban la investigación.
El conflicto surgió tras unas declaraciones del juez durante un curso organizado por el Colegio de Abogados de Madrid. Maman cuestionó los supuestos beneficios que obtienen las mujeres al denunciar violencia de género, afirmando que «se les da asistencia jurídica gratuita, aunque tengan un millón de euros en la cuenta», y criticó la desconfianza que, según su criterio, muchas madres sienten hacia los padres tras una separación. Estas afirmaciones fueron denunciadas por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, lo que desencadenó el proceso disciplinario.
El Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ había recomendado inicialmente el archivo del caso, argumentando que las palabras de Maman estaban amparadas por su derecho a la libertad de expresión y no vulneraban la independencia judicial. Esta postura fue respaldada por cuatro vocales —José Eduardo Martínez Mediavilla, José Carlos Orga Larrés, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal—, quienes presentaron un voto particular en el que señalaban que los jueces, como ciudadanos, tienen derecho a expresar su opinión sin perder su independencia. Según este grupo, las declaraciones de Maman no afectaban a ningún proceso concreto ni a la intimidad de las partes, sino que se enmarcaban en un acto formativo y técnico, por lo que estaban protegidas por la libertad de expresión.
Sin embargo, Perelló optó por utilizar su voto de calidad para imponer la apertura del expediente. La presidenta del CGPJ, designada por el PP, pero con apoyo transversal en el Consejo, ha sido criticada en el pasado por su gestión de casos polémicos, como el de la jueza Carmen del Rey, cuya destitución en 2024 generó un intenso debate sobre la independencia judicial.
El contexto: ¿Libertad de expresión o falta de sensibilidad?
Las declaraciones de Maman, titular de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Madrid, han reavivado el debate sobre los límites de la libertad de expresión en el ámbito judicial, especialmente cuando los comentarios afectan a temas tan sensibles como la violencia de género. Según datos del Ministerio del Interior, en 2025 se registraron 42.000 denuncias por violencia de género en España, un aumento del 8% respecto al año anterior, lo que refleja la relevancia social del tema.
El caso también pone de manifiesto las tensiones internas en el CGPJ, donde la división entre vocales propuestos por distintos partidos ha sido recurrente. En esta ocasión, los cuatro vocales del PP —Martínez Mediavilla, Orga Larrés, Revuelta y Abascal— defendieron una interpretación estricta de la libertad de expresión, mientras que los tres vocales de PSOE y Sumar priorizaron la sensibilidad hacia las víctimas de violencia de género. Esta fractura refleja las diferencias políticas que persisten en el órgano de gobierno de los jueces, donde la mayoría absoluta del PP (12 de los 21 vocales) se enfrenta a una oposición coordinada por PSOE y Sumar.
El expediente disciplinario contra Maman podría tener implicaciones más allá de su caso concreto. Si el Consejo decide sancionarlo, establecería un precedente sobre cómo se manejan las declaraciones públicas de jueces en temas polémicos. Por el contrario, si se archiva el caso —como propuso inicialmente el Promotor—, reforzaría la postura de que los magistrados tienen amplias libertades para expresar sus opiniones fuera del ámbito judicial, siempre que no afecten directamente a procesos en curso.
¿Qué sigue ahora?
El expediente disciplinario contra Maman será instruido por el Promotor de la Acción Disciplinaria, quien deberá recabar pruebas y escuchar a las partes implicadas antes de emitir un informe. La decisión final corresponderá a la Sala Disciplinaria del CGPJ, que podría imponer sanciones que van desde una amonestación hasta la separación definitiva del servicio. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, las faltas de desconsideración hacia las víctimas de violencia de género pueden ser consideradas graves, lo que agravaría el caso de Maman.
Mientras tanto, el juez madrileño ha mantenido un perfil bajo, sin pronunciarse públicamente sobre el expediente. Su silencio contrasta con las reacciones de otros magistrados, como la jueza Carmen del Rey, quien en 2024 criticó abiertamente las decisiones del CGPJ y denunció una «politización» del órgano. En este caso, la falta de declaraciones de Maman podría interpretarse como una estrategia para evitar mayor exposición mediática, aunque también refleja la cautela de un juez en medio de un proceso disciplinario.
El caso también ha generado reacciones en el ámbito político. El PP ha defendido la postura de los cuatro vocales, argumentando que se trata de un «exceso de corporativismo» en el CGPJ. Por su parte, PSOE y Sumar han criticado la decisión de Perelló, acusándola de ceder a presiones externas. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, María José García, ha señalado que las declaraciones de Maman «no contribuyen a la lucha contra la violencia machista» y ha instado al CGPJ a actuar con «firmeza».
El expediente contra Maman se suma a otros casos recientes que han puesto en evidencia las tensiones entre independencia judicial y sensibilidad social. En 2025, el CGPJ archivó una queja contra la jueza Elena Saiz por sus declaraciones sobre la reforma de la ley de violencia de género, argumentando que sus palabras no afectaban a la imparcialidad. Sin embargo, el caso de Maman podría marcar un giro, especialmente si el órgano decide sancionarlo por sus comentarios.
Mientras el proceso avanza, el debate sobre los límites de la libertad de expresión en el ámbito judicial sigue abierto. Lo que está claro es que, en un contexto donde la violencia de género sigue siendo un problema social urgente, las palabras de los jueces —incluso fuera del juzgado— pueden tener consecuencias tanto legales como políticas.
