Vox extiende sus denuncias a la nacionalización de saharauis y advierte de un posible «golpe de Estado» electoral con la ley de nietos como eje
Santiago Abascal, presidente de Vox, acusó ayer a Pedro Sánchez de estar dispuesto a «hacer cualquier cosa» para «robar las próximas elecciones», en un discurso que amplía las denuncias de su partido sobre supuestos fraudes en el censo electoral y el voto por correo. El partido ya alertó en junio a la Junta Electoral Central sobre irregularidades en este último, y ahora vincula directamente a Sánchez con una supuesta «adulteración» del padrón, citando como ejemplo la suspensión cautelar del Tribunal Supremo a la inscripción de nacionalizados por la ley de nietos.
La estrategia de Vox combina tres frentes: cuestionar la ley de memoria democrática (ley de nietos), que permite la nacionalización de descendientes de españoles exiliados por el franquismo; denunciar la concesión de la nacionalidad a saharauis como «puerta al fraude»; y exigir cambios en el voto por correo, incluyendo su recuento en urnas separadas. El partido ya propuso en el Congreso reformar la ley electoral para endurecer estos mecanismos, alegando «falta de garantías» en la identificación de votantes y la custodia de documentos.
Estas acusaciones se enmarcan en una narrativa compartida por aliados internacionales de Vox, como Donald Trump (EE.UU.), Jair Bolsonaro (Brasil) o Viktor Orbán (Hungría), que han cuestionado resultados electorales en sus respectivos países. Abascal, por su parte, insistió en que estas prácticas responden a un «golpe de Estado» contra «la soberanía española», aunque no presentó pruebas concretas más allá de la suspensión judicial de la ley de nietos, que su partido celebra como «detención de un fraude».
El Gobierno, por su parte, no ha respondido directamente a estas acusaciones. Sin embargo, fuentes del PSOE señalan que las denuncias de Vox carecen de fundamento y responden a una estrategia de «deslegitimación» del proceso electoral. La Junta Electoral Central, máxima autoridad en materia de elecciones, aún no ha emitido un pronunciamiento público sobre las alegaciones presentadas por Vox en junio.
El contexto es clave: España celebra elecciones generales en 2027, y el debate sobre el censo y el voto por correo —especialmente desde el extranjero— se ha intensificado. Según datos de la Oficina del Censo Electoral, en 2023 el 3,5% de los votos (unos 700.000) se emitieron por correo, un porcentaje que podría aumentar en los próximos comicios. La reforma electoral propuesta por Vox, si prosperara, afectaría directamente a este método, utilizado mayoritariamente por residentes en el extranjero y colectivos con movilidad reducida.
