Fernando Germán Benítez pide «medidas más estrictas» tras fallos en dispositivos de control y alerta sobre la gravedad de la violencia de género en la provincia andaluza
Fernando Germán Benítez, fiscal jefe de Málaga desde hoy, ha exigido este jueves medidas «mucho más estrictas» en las pulseras de control para maltratadores tras detectarse fallos en su funcionamiento. Su primera declaración pública llega en un contexto crítico: Málaga acumula 7 feminicidios confirmados en 2026, la cifra más alta de Andalucía y la que sitúa a la provincia como la más golpeada por la violencia de género en España este año.
Benítez, nombrado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha vinculado directamente los errores en los dispositivos telemáticos —que permiten rastrear movimientos sospechosos— con la persistencia de casos graves. «Vamos a trabajar para frenar estas muertes», declaró, aunque sin concretar plazos ni acciones inmediatas. Su nombramiento, anunciado el pasado 15 de septiembre, coincide con la escalada de críticas al Ministerio de Igualdad por la lentitud en revisar protocolos de seguimiento.
La provincia malagueña, con 1,7 millones de habitantes, concentra el 12% de los feminicidios del país en lo que va de año, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) actualizados a agosto. Este dato supera la media nacional, donde la tasa por cada 100.000 mujeres es de 0,5 casos anuales. Expertos consultados por ABC señalan que el problema no es solo técnico, sino también de coordinación entre juzgados, policía local y servicios sociales, áreas que dependen de distintas administraciones.
El fiscal no ha mencionado explícitamente a ningún responsable, pero su advertencia llega en un momento de tensión política: el Partido Popular (PP) lleva semanas denunciando en el Congreso «fallos estructurales» en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, cuya última reforma entró en vigor en 2022. La oposición exige un informe detallado sobre los dispositivos defectuosos, mientras el PSOE atribuye los retrasos a la falta de recursos en las comunidades autónomas.
Benítez ha evitado pronunciarse sobre posibles sanciones a jueces o agentes por omisiones, pero su tono refleja una urgencia que trasciende lo local: en lo que va de año, Andalucía registra 22 feminicidios, el 31% del total nacional. Su primera medida concreta será revisar los 45 casos activos con pulseras asignadas, aunque no ha descartado ampliar el control a otros perfiles de riesgo, como excompañeros sentimentales o familiares no convivientes.
