García Martín acusa a Más Madrid y PSOE de «mentir» y «manipular» en la Asamblea, mientras la oposición exige transparencia total y denuncia «informes incompletos»
Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, ha reafirmado este lunes en la Asamblea que la compra del ático en Chambera —por el que el Gobierno regional pagó 6,3 millones en abril— no fue un encargo para la presidenta Isabel Díaz Ayuso, sino una operación habitual de la empresa pública Planifica Madrid. En una comparecencia ante la Comisión de Presidencia, García Martín ha insistido en que el informe publicado la semana pasada «no oculta nada» y ha acusado a la oposición de «fabricar una gran mentira» al sugerir que el inmueble podría destinarse a residencia oficial.
La defensa del consejero choca con las críticas de los grupos parlamentarios. Tatiana Jiménez Liébana (PSOE) ha denunciado que el informe entregado por Presidencia es «inconexo» y carece de la orden formal que justificara la búsqueda del inmueble, además de presentar «fechas y firmas tachadas», lo que impide su verificación. «No podemos contrastar lo que dicen», ha advertido. Desde Más Madrid, Juan Varela-Portas ha calificado la comparecencia de García Martín de «poco convincente» y ha acusado a Ayuso de «empujarlo al abismo político y judicial», mientras Hugo Martínez Abarca ha recordado que «la transparencia es un derecho ciudadano y una clave de la democracia».
El consejero ha respondido acusando a la oposición de ejercer una «campaña destructiva» y ha reiterado que el ático nunca fue destinado a residencia oficial. Sin embargo, el informe de Presidencia —según admitió García Martín— se publicará en su totalidad en diciembre, lo que ha generado escepticismo. Ana Velasco (Vox) ha tachado de «manipulado» el expediente y ha exigido que se aclare «qué información ocultan». La polémica se enmarca en un contexto de recelo hacia la gestión de Ayuso, que ya enfrenta investigaciones por otros casos de opacidad administrativa.
El ático, adquirido en abril por 6,3 millones, fue vendido en julio por 7,5 millones, lo que ha avivado las sospechas de beneficio económico. Aunque García Martín asegura que la operación se ajustó a la legalidad, la oposición insiste en que el informe entregado no incluye documentos clave, como la orden de compra o los contratos internos de Planifica Madrid. La Asamblea ha quedado sin respuestas claras, pero la presión sobre el Gobierno regional sigue creciendo.
