La nota, usada para acusar a migrantes de agresiones sexuales, fue fotografiada y difundida tras una llamada directa de la alcaldesa de Alcalá a la Policía Local
La Fiscalía de Madrid ha solicitado dos años y seis meses de inhabilitación para la alcaldesa de Alcalá de Henares, **Judith Piquet**, y su exdirector de comunicación, **Raúl Castillo**, por filtrar un informe policial que luego se usó para acusar a migrantes de agresiones sexuales en la localidad. Según el escrito de acusación, ambos participaron en la difusión de un documento interno de la Policía Local el 17 de enero de 2024, tras una llamada de Piquet al jefe de la Policía para obtener información que respaldara las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en un pleno extraordinario celebrado en la ciudad.
El informe policial, que incluía un testimonio contradictorio sobre una posible agresión sexual, fue fotografiado por Piquet y Castillo tras recibirlo personalmente. Según la Fiscalía, Piquet le dijo al policía: *»Hay que salvar a la presidenta, hay que salvar a la jefa, hay que trasladar esto a Madrid»*. El documento fue luego difundido públicamente por Alfonso Serrano, diputado del PP en el Senado y exsecretario de Estado de Seguridad, quien lo compartió en redes sociales el 18 de enero. Serrano aseguró en su declaración que recibió el informe por correo electrónico, aunque no pudo identificar al remitente.
El PSOE, como acusación popular, ha pedido ampliar la investigación para aclarar como Serrano obtuvo el documento y ha solicitado acceso a sus correos electrónicos, tanto en su condición de parlamentario como en su etapa en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. La Fiscalía también ha pedido una multa de 16 meses (15 euros diarios) para Piquet y Castillo, además de la inhabilitación. El caso se enmarca en una polémica más amplia sobre la gestión de la crisis migratoria en Alcalá de Henares, donde el Centro de Emergencia, Acogida y Derivación (CAED) ha sido epicentro de tensiones políticas.
La Fiscalía considera probado que la filtración buscaba respaldar públicamente las acusaciones de Díaz Ayuso, quien en su comparecencia del 17 de enero vinculó las supuestas agresiones a migrantes alojados en el CAED. El informe policial, sin embargo, contenía testimonios contradictorios, lo que ha generado dudas sobre su fiabilidad. El juicio oral podría aclarar si hubo manipulación política en la difusión de la información.
