Ángel Víctor Torres busca nuevos espacios consensuados con la ciudad autónoma para evitar que la crisis se prolongue más semanas
El Gobierno ha reubicado ya a **8.000 migrantes** en Ceuta —6.000 adultos en instalaciones estatales y 2.000 menores en centros de la ciudad autónoma—, pero **entre 3.000 y 3.500 personas**, incluyendo menores, siguen en condiciones precarias en las playas del Trampolín y Benítez, según cálculos del ministro de Política Territorial, **Ángel Víctor Torres**, este lunes.
Torres, que dirige la autoridad funcional del Gobierno para gestionar la crisis, anunció que en los próximos días se buscará un **nuevo espacio temporal** para estos migrantes, en consenso con el presidente de Ceuta, **Juan José Vivas**. El lugar deberá ser aprobado por el **Consejo de Seguridad Nacional** antes de su uso. Hasta ahora, el Ejecutivo no ha detallado posibles ubicaciones, pero confía en que en «pocas semanas» todos los migrantes puedan abandonar las playas y avanzar en los procesos de devolución.
La situación refleja un **ritmo lento en la gestión**: desde el traslado inicial de **1.700 personas** al campamento del puerto el pasado viernes, el Gobierno no ha logrado dar solución definitiva a la masificación en zonas no habilitadas. Los expedientes personalizados para identificar a los migrantes —que alargan el proceso— ya abarcan a los 8.000 reubicados, pero las playas siguen saturadas.
El **Consejo de Seguridad Nacional** emerge como clave en este proceso: su aprobación es obligatoria para cualquier nuevo campamento, lo que añade un trámite adicional a una crisis que ya acumula semanas de tensiones. Mientras, la oposición y partidos como **Vox** han criticado la falta de agilidad, aunque el Gobierno insiste en que la búsqueda de espacios es «prioritaria».
Ceuta, con una capacidad limitada para albergar migrantes, enfrenta ahora el reto de evitar que la crisis se extienda más allá de las playas, donde las condiciones sanitarias y de seguridad son críticas. La **ciudad autónoma**, dirigida por Vivas (PP), colabora con Madrid, pero la presión por soluciones rápidas crece con cada día que pasa.
