El auto de la Sección 15ª descarta móvil discriminatorio en atención a mayores durante la pandemia, según informe forense
La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado este lunes un recurso de apelación contra el archivo de una denuncia por posible delito de discriminación en la atención a mayores durante la primera ola de la pandemia. Con esta decisión, ya son 144 los procedimientos judiciales archivados en relación con la gestión de residencias en Madrid durante el covid, según datos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
El auto, firmado el pasado 14 de septiembre por la Sección 15ª, rechaza la apelación presentada por la familia de un residente fallecido en marzo de 2020. La defensa, liderada por la abogada Alejandra Jacinto —ex candidata de Podemos, IU y Alianza Verde a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2023—, argumentaba que hubo discriminación en la asistencia sanitaria. Sin embargo, el tribunal considera que «ninguno de los elementos incorporados a la causa permite sostener, siquiera indiciariamente, que la actuación de los investigados estuviera guiada por factores discriminatorios».
El fallo se basa en el informe médico-forense, que concluye que la asistencia fue «adecuada a las circunstancias» y que las decisiones terapéuticas respondieron «exclusivamente a criterios clínicos individualizados». Además, descarta nuevas diligencias, argumentando que «la instrucción penal no puede convertirse en una investigación prospectiva» sobre protocolos generales.
Este caso se suma a otros 143 archivados en los últimos meses, lo que consolida un patrón judicial que descarta responsabilidades penales en la gestión de residencias durante la pandemia. Fuentes del Gobierno regional califican el auto como «muy importante» por su «rotundidad», al evitar que se convierta en un «caso general contra los protocolos» y centrar el análisis en las circunstancias concretas de cada paciente.
El artículo 511 del Código Penal, que tipifica la discriminación en la asistencia sanitaria, ha sido clave en estas denuncias. Sin embargo, los tribunales insisten en que las decisiones médicas durante la pandemia respondieron a un «extraordinario contexto sanitario», sin pruebas de discriminación.
