El expresidente valenciano, aún diputado, comparece por primera vez desde su dimisión a medias y evita responder a preguntas clave sobre la gestión de la tragedia que costó 232 vidas
Carlos Mazón ha comparecido este jueves ante la comisión del Congreso que investiga la dana de octubre de 2024, que dejó 232 muertos en la provincia de Valencia. Diez meses después de su primera aparición —cuando aún arrastraba una prisión política para dimitir—, el expresidente autonómico ha roto su silencio con un cambio de imagen: cabello corto, barba y un traje azul celeste, aunque sigue siendo diputado en las Cortes valencianas.
La comisión, presidida por Gabriel Rufián (ERC), analiza la gestión de la catástrofe, donde Mazón fue titular de Interior durante los hechos. Su comparecencia llega en un momento clave: el informe preliminar apunta a fallos en la coordinación institucional y alertas ignoradas. Según fuentes parlamentarias, el expresidente ha evitado responder a preguntas directas sobre su responsabilidad, centrando su defensa en la «solidaridad» mostrada tras la tragedia.
El caso reviste especial gravedad porque la dana —una de las peores catástrofes naturales en España desde 1982— expuso deficiencias en el sistema de alertas tempranas y la respuesta policial. La Fiscalía ya investiga posibles delitos de omisión del deber y prevaricación, aunque ningún cargo ha sido imputado hasta ahora. La comisión, con mayoría absoluta, podría solicitar la apertura de un juicio político contra Mazón si se confirman negligencias graves.
Mientras, el PP valenciano —partido al que pertenece Mazón— ha mantenido una línea de apoyo ambiguo: aunque no lo han defendido públicamente, fuentes cercanas admiten que su imagen está «dañada» tras la tragedia. En las redes, el hashtag #Dana2024 ha resurgido con mensajes de familiares de víctimas exigiendo «verdad y justicia», mientras el Gobierno central, presionado por Bruselas, ha prometido un informe independiente sobre las responsabilidades.
La comparecencia de hoy marca un punto de inflexión: es la primera vez que Mazón enfrenta preguntas bajo juramento desde que dimitió como presidente en febrero de 2025, aunque conservó su escaño. La comisión tiene hasta finales de año para presentar conclusiones, fecha que coincide con el primer aniversario de la tragedia.
El expresidente valenciano se niega a entregar los whatsapps con Salomé Pradas y a responder preguntas mientras siga abierta la instrucción judicial
El expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha comparecido este lunes 21 de septiembre de 2026 en la comisión de investigación del Congreso sobre la dana de octubre de 2024. En su segunda intervención, Mazón ha rehusado contestar a las preguntas de los grupos parlamentarios mientras siga abierto el procedimiento judicial. Ha argumentado que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana le exoneró por unanimidad de cualquier responsabilidad.
«No contestaré a ninguna pregunta hasta que finalice esa instrucción», ha dicho Mazón a los grupos que habían solicitado su comparecencia. El expresidente autonómico ha explicado que, desde su primera comparecencia, ha habido novedades. Entre ellas, ha citado la decisión del TSJ valenciano en la que, según sus palabras, cinco jueces consideraron por unanimidad que no tenía ninguna responsabilidad. Ahora que está personado en la causa, ha añadido, estima que no debe hacer ninguna declaración pública.
Los grupos de la izquierda parlamentaria le han preguntado si facilitará los mensajes de WhatsApp que intercambió con Salomé Pradas y con otros dirigentes del Consell. Mazón ha respondido que no los entregará y se ha remitido a su intervención inicial. También le han inquirido sobre las llamadas que mantuvo aquel día y sobre si considera que las muertes eran inevitables. Además, le han exigido que deje su escaño en las Cortes Valencianas. El expresidente ha mantenido la misma línea y ha vuelto a apoyarse en la decisión del TSJ.
Mazón sí ha agradecido al PSOE que le haya denunciado ante el Tribunal Supremo por haber mentido, según los socialistas, en su primera comparecencia en el Congreso. «Ha permitido que la Fiscalía recabe del Tribunal Superior de Justicia la resolución que por unanimidad me exonera de cualquier tipo de responsabilidad, mi gratitud por esa denuncia», ha declarado. También ha negado que no haya atendido a las víctimas. «Yo personalmente llamé al móvil de las asociaciones de víctimas que no querían reunirse conmigo y les reiteré mi ofrecimiento para a título individual o asociativo reunirme con ellas», ha afirmado.
Sobre su intervención durante la emergencia, Mazón ha respondido que «es metafísicamente imposible estar ausente y dar instrucciones a la vez». La entrada del expresidente en la Cámara Baja se ha producido entre la protesta de tres de las asociaciones de víctimas de la dana. Estas asociaciones han retirado su exigencia de que abandone el escaño en las Cortes Valencianas para, según han dicho, poder cerrar el duelo. El diputado de ERC Gabriel Rufián ha reproducido esas palabras durante su intervención en la comisión.
El portavoz del PP en las Cortes autonómicas, Nando Pastor, ha considerado que la presencia de Mazón sirve para espolear una utilización mediática. Pastor ha añadido que es un caso bastante cerrado porque el expresidente ya asumió responsabilidades políticas con su dimisión.
Qué ha cambiado desde la primera comparecencia
La primera comparecencia de Mazón ante la comisión se produjo antes de que el TSJ valenciano se pronunciara sobre su responsabilidad. En esta segunda sesión, el expresidente ha convertido esa resolución judicial en el eje de su defensa. La diferencia entre ambas citas explica su estrategia: en la primera no contaba con un aval judicial explícito, y ahora lo invoca para justificar su silencio ante las preguntas de los diputados.
El TSJ valenciano es el órgano judicial superior de la Comunitat Valenciana. Sus resoluciones sobre responsabilidad de cargos públicos no cierran por sí solas una investigación parlamentaria, que es un procedimiento político y no penal. La comisión del Congreso puede seguir reclamando documentación y comparecencias aunque exista una instrucción judicial abierta. Esa es la vía que han utilizado los grupos para pedir los mensajes y las llamadas de aquel día.
Quién queda señalado en la comisión
Además de Mazón, la sesión ha dejado en primer plano a Salomé Pradas, cuya comunicación por WhatsApp con el expresidente se ha convertido en el documento más reclamado por la oposición. También ha quedado en evidencia la posición del PP valenciano, que a través de Nando Pastor ha defendido que el caso está cerrado políticamente. Frente a esa tesis, los grupos de izquierda mantienen la petición de que Mazón deje el escaño y comparezca sin condiciones.
La protesta de las asociaciones de víctimas a las puertas del Congreso añade un actor externo a la disputa política. Su renuncia a exigir la dimisión del escaño, sustituida por la petición de poder cerrar el duelo, ha sido utilizada por Rufián en la comisión. Ese gesto traslada el foco desde la exigencia de responsabilidad política hacia el reconocimiento de las víctimas, un terreno donde el expresidente ha intentado defenderse con el relato de sus llamadas personales.
El precedente de las comisiones de investigación
Las comisiones de investigación del Congreso tienen potestad para reclamar comparecencias y documentación, pero sus conclusiones no tienen efectos jurídicos directos. Su función es política: fijar un relato y dejar constancia de las responsabilidades que los grupos consideren acreditadas. En este caso, la comisión sobre la dana se creó para examinar la gestión de la emergencia de octubre de 2024, y la comparecencia de Mazón era una de las citas centrales por su condición de máximo responsable del Consell en aquel momento.
La negativa de Mazón a responder preguntas mientras siga la instrucción judicial no es una novedad en este tipo de procedimientos. Otros cargos públicos han utilizado la existencia de causas abiertas para limitar su intervención parlamentaria. Lo que distingue este caso es que el expresidente ha convertido esa negativa en una estrategia explícita, apoyada en una resolución del TSJ que él mismo cita como aval. El pulso entre esa estrategia y la exigencia de documentación de los grupos marcará las próximas sesiones de la comisión.
